domingo, 2 de octubre de 2016

“La importancia de las asambleas”

“La importancia de las asambleas”

La asamblea es el ámbito en el que, a través de la participación de todos, podemos generar, apoyar o criticar conductas gremiales.
En ellas debemos informarnos de los hechos que impactan sobre nuestra labor cotidiana, sentar las bases para su eventual modificación, proponer ideas para mejorar nuestras condiciones laborales y nuestro lugar de trabajo, educarnos sobre nuestros deberes y derechos.
Las propuestas básicas para trabajar en condiciones dignas que optimicen nuestras aptitudes como trabajadores y como personas, deben originarse desde nuestra GREMIAL y el acto gremial soberano, mayúsculo y democrático es la ASAMBLEA.
Manejada discrecionalmente por nuestros gremialistas de turno ha sido vapuleada hasta ser minimizada a un único interés: la lucha salarial. No podemos cometer mayor error. Si lograron convencernos de ello, estamos perdidos.
La pasividad y falta de conciencia gremial de muchos de nosotros, que en vez de participar para solucionar nuestros problemas, los dejamos en manos exclusivas de los que se sienten más “dirigentes” que "representantes".
Las mejores soluciones deberían surgir de la participación y propuestas de quienes construimos el lugar de trabajo a diario. La diversidad de ideas y su discusión siempre nos acercarán más a la verdad.
Cada uno de nosotros podría enriquecer las asambleas, no hay dudas de ello. Los invitamos a hacerlo y comprometernos a cambiar la actual metodología gremial.

El 1° paso es asumir el compromiso, el 2° nuestra participación y el 3° lograr que las asambleas sean un ámbito cada vez más frecuente de discusión en pro del hospital que queremos.
La participación: Nuestra ausencia dejará las decisiones en manos de los demás. No debemos desaprovechar las escasas invitaciones a este acto democrático
La presencia de nuestros representantes: Resulta inadmisible que quienes tienen que dar el ejemplo, estén ausentes. 
-La frecuencia: deberíamos consensuarla, para que haya un mínimo de asambleas anuales, independientemente de las circunstanciales. Basta de asambleas cuando ya padecemos las consecuencias de hechos consumados por problemas no resueltos.
-La accesibilidad: facilitarla y posibilitar que asista la mayor cantidad decompañeros. Los logros son para todos.
-La convocatoria: llamarla el día anterior y a través de pocos cartelitos, es sentenciarla a una escasa concurrencia. Estimular la convocatoria con la suficiente antelación y recorrer cada servicio invitando a la participación, es una obligación gremial.
- El horario y duración: Una asamblea llamada a las 11 hs. que empieza 11.30 hs., atenta contra los objetivos de la misma. 
- El temario: además del convocante, debe ser abierto a las inquietudes de los colegas, y hacer uso del cuarto intermedio, para tratar los temas sin apresuramiento.
- La continuidad del temario: Informar que ocurrió con lo tratado y votado en las asambleas anteriores.
- Asamblea por petición de socios

Nuestra participación es fundamental para cambiar lo que está mal, mantener lo que está bien y mejorar lo mejorable.
“Llevar a la práctica las ideas de uno requiere un esfuerzo, pero mucha gente lo hace”         

martes, 23 de agosto de 2016

La ruta de otra reforma (anti)laboral

La ruta de otra reforma (anti)laboral


Pedro Kuczynski, el nuevo presidente de Perú, apunta a una reforma contra la “rigidez del mercado laboral”, como herramienta para llevar el empleo en negro del ¡70%! actual a un 40% en sus cinco años de gobierno. El Frente Amplio uruguayo está en lo mismo, y en Brasil se trata de una línea común de las distintas fracciones de la burguesía que están hundidas en la crisis de la corrupción. Chile, que sería el modelo latinoamericano de flexibilidad laboral y reforma jubilatoria, acaba de ser escenario de una movilización de 100 mil trabajadores contra las AFP chilenas, que ha seguido a la rebelión juvenil contra la educación privada.
Se trata de un cuadro no muy alentador para copiar. No obstante, en la Argentina se discute una nueva ola de reforma antilaboral y antijubilatoria como instrumentos necesarios al ajuste que encabeza Macri. Los aportes del kirchnerismo fueron muy importantes en esta línea, aunque se le acabó la espalda para seguir adelante. Recordemos la reforma del Código Civil que anuló la prelación del derecho laboral y elevó a categoría cuasi constitucional la tercerización laboral.
Según La Nación (26/7) “ningún aumento del empleo privado y de la competitividad (…) podrán lograrse sin una reforma del modelo vigente de relaciones laborales en la Argentina”.
El eje es el convenio por empresa: “Un aspecto sustancial de una reforma laboral es que la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa” (ídem). Para ello promueve que “el modelo sindical asegure la mayor libertad individual y colectiva”. “Pero -añade- debe evitarse la atomización gremial en la empresa, que a la hora de la negociación pudiera llevar a una carrera de dirigentes sindicales que intenten superar unos lo alcanzado por otros.”
Este contenido fue un eje de las reformas menemistas que encontraron continuidad en la era K con la reafirmación de la ley Banelco II, que no modificó esencialmente a la Banelco original en este punto. El Smata y su convenio por empresa, los plásticos y el sistema heredado en el neumático son parte del legado.
Recordemos que el fraccionamiento de vacaciones y el trabajo por piezas en la rama clearing de camioneros (empresas de reparto de correspondencia), las entregó Moyano en tiempos en que su CGT era la columna vertebral del kirchnerismo. Lo mismo podemos decir de la “herencia” de 600 mil tercerizados que sufren convenios a la baja o los “convenios depósitos” de Comercio y la Uocra, dos niños mimados de los tiempos kirchneristas. Otro tanto podemos decir del trabajo en negro que alcanza, según el Ministerio de Trabajo, al 40% de la masa laboral, lo que constituye una fuerte palanca a la baja contra el salario y los convenios colectivos.
El problema es que como en Brasil o Perú, como en Uruguay o Chile, los enormes golpes asestados en los últimos 20 años al movimiento obrero y sus conquistas no alcanzan. La crisis y sus salidas capitalistas, honrando las deudas usurarias, el rescate estatal de los empresarios y la entrega de recursos estratégicos, impulsa a recomponer la tasa de ganancia mediante nuevos ataques contra el valor de la fuerza de trabajo.
“En este sentido se debería asignar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor (empresa o sector geográfico) por sobre los acuerdos colectivos o paritarias en el nivel de sector de actividad”, profundiza La Nación. No sólo permitirlos, sino que tengan prelación. Se trata de una línea de fondo que implica quebrar los convenios por rama, transformándolos en “pisos” o “marcos” de carácter genérico cuya única función es mantener el poder de una burocracia central.
La burocracia central, a su vez, tendrá la función de asegurar el monopolio del derecho de huelga de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, al tiempo que maneja la caja de los sindicatos, las “contribuciones solidarias” (coimas) por firma de convenios y el control de las enormes cajas de las Obras Sociales.
La Nación ataca la homologación de convenios por el Ministerio para evitar todo obstáculo, pero sostiene “el arbitraje” cuando no hay acuerdos. Y luego, descarga una batería entera sobre el contenido de los convenios por empresa y del conjunto de la legislación. Así, plantea “flexibilizar y facilitar la contratación para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas”, junto al “contrato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares”, además de “la multifuncionalidad, la polivalencia funcional y la jornada variable o flexible”.
“Debe premiarse a quien genere nuevas oportunidades de empleo, por ejemplo, con la reducción o el diferimiento de las cargas sociales cuando se crean nuevos puestos de trabajo” (ley Triaca de Empleo Joven). “La indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo.” Proponen generalizar el sistema que rige en la construcción, donde cada trabajador aporta a su propia indemnización.
Las divergencias y tensiones internas entre fracciones capitalistas por la política económica, en particular en la UIA, no presentan diferencias en torno a esta cuestión. El movimiento obrero debe prepararse programáticamente contra esta nueva reforma antilaboral, que también prevé la definitiva eliminación de toda vía judicial en accidentes de trabajo, así como una reforma jubilatoria que eleve la edad y desprenda definitivamente el haber pasivo del activo.
La lucha por un Congreso de Bases del movimiento obrero tiene por función el debate de un programa de reivindicaciones, de un plan de lucha y de una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas, lo cual supone enfrentar el conjunto de la ofensiva.

Nestor Pitrola.

martes, 9 de agosto de 2016

MACRI, LA REFORMA DE SALUD EN LA ARGENTINA Y LOS APLAUDIDORES DE SIEMPRE

El presidente insiste donde y cuando puede con su reiterativo propósito de pobreza “cero”, ya un latiguillo en el que a esta altura no cree nadie. El tarifazo y la pérdida de empleo público y privado en este primer semestre del año, conjugan buena parte del aumento de los índices de pobreza e indigencia de nuestro pueblo. Ya según un estudio de Unicef de mayo de este año, alertaba que el 30% de las chicas y chicos de entre 0 y 17 años que vive en Argentina son pobres el 8,4% es extremadamente pobre. Según el mismo estudio, los niños que están en la base de la escala social tienen una chance 13 veces más elevada de sufrir privaciones, comparados con aquellos que están en la cúspide de la pirámide social. La probabilidad de ser pobre de un niño que del Noroeste Argentino es 6,5 veces más elevada que la de un niño de la Ciudad de Buenos Aires. El propio titular de la comisión episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, afirmó que “para salir de la pobreza y la marginación” es necesario la creación de “trabajo registrado y debidamente remunerado”, “El presidente Mauricio Macri habla en forma utópica de la pobreza cero, que no existe en ningún lugar del mundo. Hablemos de hambre cero, que es un problema fácil de solucionar si hay decisión política. En estos momentos, a una familia humilde se les hace imposible comer, y consumir carne parece un sueño”. Mientras, Macri despide trabajadores, enfría la economía, reduce la capacidad adquisitiva de las capas medias y bajas, y trasfiere miles de millones de dólares a los sectores concentrados…
Por otra parte, hace sólo días el gobierno a través del Ministerio de Salud de la Nación, derogó la resolución 1484 de septiembre de 2015, que propiciaba “asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos” establecido por la Ley de Salud Mental 26.657. En ese marco, la Asociación Pensamiento Penal expresó que “cuestionar la reducción de camas de los servicios monovalentes dilata la posibilidad de externación de los sobrevivientes de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa y legitima el encierro y la alienación de los pacientes, cuando el Estado debiera crear políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento”. El perfil del sistema de atención de los pacientes con padecimientos mentales durante la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, la represión a trabajadores y los negocios inmobiliarios encubiertos detrás de la presunta reconversión de Hospitales como el Borda y el Moyano, hacían prever esta postura, sobre todo después de la designación de el médico psiquiatra Andrew Blake como Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, confeso opositor a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, conquista de múltiples Organizaciones sociales y de DDHH de la Argentina.
Así mismo, el propio MM en una entrevista a un medio mexicano, se expresó contundentemente en contra de la posible legalización del aborto (también antes lo había hecho repetidas veces la entonces presidenta CFK). Un par de días antes, un comité de 18 expertos de Naciones Unidas realizó un planteo al gobierno para que considere “revisar la legislación actual sobre el aborto y considerar la posibilidad de llegar a la despenalización”.
Víctor Manuel Rodríguez Rescia, uno de los expertos del comité, señaló que “la penalización obliga a la mujer embarazada, a la que no tiene dinero,  a que vaya a otro país a abortar, y si no tiene dinero, a ir a un aborto clandestino donde está en riesgo su vida”, y le sugirió al Estado argentino “que considere la posibilidad, a la luz del caso de Belén, de despenalizar el aborto”.
Recordemos que en la Argentina la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta y el aborto inseguro es la primera causa. Según nuestros datos propios IDEPSALUD, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas Argentina asumió el compromiso de reducir un 75% la mortalidad de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio desde 1990. Se debería haber llegado a 1,3 muertes por 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, según el último anuario estadístico del Ministerio de Salud, hay 3,2 muertos cada 10.000 nacidos vivos. Y si bien los datos son de difícil acreditación, la presunción firme es que los abortos que terminan en muerte materna son generalmente provocados, clandestinos, en embarazos avanzados, y que afectan fundamentalmente a mujeres pobres y jóvenes. Se hacen 500.000 abortos clandestinos por año, 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones en estos abortos y 100 mueren. El aborto es la principal causa de muerte materna en Argentina. Cada año se practican 500 mil abortos clandestinos, y mientras las mujeres con cobertura de salud pueden tener un aborto seguro, las mujeres de los sectores más desfavorecidos muchas veces mueren a causa de abortos mal practicados.
Y finalmente en la casa Rosada el jefe de los Ceos (MM), anunció la creación del “Plan Universal de Salud”, una denominación engaña pichanga (obviamente la palabra “cobertura” se asimila a “beneficio”e invalida el concepto de Derecho constitucional a la Salud) que profundiza la receta de los Bancos, la misma que encaró Menem y Cavallo, y que gestionó obediente y eficiente Ginés González García entre 2002 y 2007, en las gestiones de Duhalde y Néstor Kirchner. A lo que hay que agregar las “planchas” intermedias de todos los Ministros de Salud de todos los gobiernos sucesivos que no desmontaron la matriz y la estructura de reforma y vaciamiento del Sistema de Salud iniciada en los 90 (focalización, desfinanciamiento, desarticulación, autogestión hospitalaria, privatización/tercerización de servicios, precarización laboral, financiamiento externo, desregulación de OS, PMO, etc) .
El entonces recién designado Ministro de Salud Jorge Lemus, en Diciembre del año pasado en una de sus primeras apariciones públicas, había elegido la sede de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) para anunciar a la corporación de prestadores, los mismos anuncios que ahora oficializa Macri, quien estuvo ocupado este semestre en otros menesteres (despedir 35.000 trabajadores públicos y transferir 20 mil millones de dólares a los amigos de los sectores concentrados).
Como era de esperar, el sindicalismo empresario funcionaron como aplaudidores caros y cobradores de peaje para asegurar “gobernabilidad”; y en este caso nada menos que 30 mil millones de pesos!! Losmismos Lingeri (ex administrador de la ANSSAL de Menem), los Barrionuevo (el que pidió pero no dejó de robar), los Gerardo Martínez (el  hombre de confianza del coronel Coria, represor de la dictadura en el Batallón 601), los Antonio Caló (ex alfil K junto a Hugo Yasky) y sigue la lista… sindicalistas empresarios multimillonarios a expensas de negocios de todo tipo (Léase Juan José Zanola, Momo Venegas, Carlos Quintana, Omar “Caballo” Suárez, José Pedraza, y otros)
Claramente este relanzamiento de la lógica y planes de “aseguramiento en salud” tiene que ver con la intención de ampliación de mercados para la acumulación de capital en el sector de la salud, con instalación de paquetes de prestaciones segmentadas según capacidad de pago, y listas para ser trasladadas a efectores privados. La misma reforma que quedó inconclusa en nuestro país, pero se completó en Colombia, Chile y México entre otros. Con iguales saldos de inequidad de acceso a los servicios y las prestaciones, privatización de servicios, precarización de la fuerza de trabajo, etc. El Estado desprendiéndose de su rol integral, para ser sólo financiador de las prestaciones que “otros” (privados o públicos) ejecutan.
Para que se entienda claramente qué significa como posibilidad este hipotético escenario podemos imaginar por ejemplo, un trabajador precarizado en un Hospital Público dándole al portador de carnet de pobre, la triste noticia que determinada práctica (un análisis, una operación por ejemplo) no está cubierta en su cartilla de prestaciones, y que para obtenerla deberá pagar o ir a hacérselo a un sanatorio…
La Reforma completa prevé un sistema totalmente desregulado del llamado Gerenciamiento del Riesgo Social, y los sectores beneficiarios no pierden la paciencia y en etapas van avanzando sobre el concepto de lo público entendido como el espacio donde se ratifica la igualdad, la equidad y la calidad para convertirlo en escenario de negocios. Así el PAMI, las Obras Sociales provinciales y los sistemas de jubilaciones y pensiones siguen en la lista.
Ya en 2013, el V Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social reunido en la ciudad de Túnez, alertaba sobre “Cobertura Universal de Salud”, “Protección Social de Salud”, “Acceso financieros a Servicios de Salud”, “Pisos mínimos de Protección social”, todas propuestas que emanan de las tecnocracias del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) con su campaña de “pisos mínimos de protección social” capturando a un sector incluso del propio movimiento sindical mundial, a muchas organizaciones de sociedad civil internacionales…”
En síntesis, una salud para “pobres” con “pobres seguros”, diferenciada claramente de una “salud para trabajadores formales” (obras sociales) y una “salud para ricos” (prepagos) con pago de bolsillo pero beneficiándose de un sistema de subsidios, excenciones y tributos regresivos que representan la transferencia de recursos de los pobres para los ricos.
Esta aceleración de la agenda dominante y concentrada en el campo de la salud, afirma la necesidad de un re agrupamiento de las fuerzas populares en defensa del Derecho a la Salud.
La Conferencia Nacional de Salud Colectiva y Seguridad Social que el IDEP SALUD de ATE ARGENTINA viene impulsando para fines de Setiembre de este año junto a numerosas Organizaciones y Representaciones de la Argentina, busca entramar un frente multisectorial y polifónico convocado y sustentado por una agenda de Políticas Públicas que consagre y resguarde elDerecho a la Salud y la Seguridad Social, en el marco de sistemas únicos universales de salud pública y sistemas universales públicos y democratizados de previsión y protección social.
Dr. Daniel Godoy – Coordinador Instituto de Estudios de Salud ATE ARGENTINA (IDEPSALUD)

viernes, 5 de agosto de 2016

Adiós Plan REMEDIAR. Adentro las “Big Pharma”


Adiós Plan REMEDIAR. Adentro las “Big Pharma”

En el marco actual de apertura de la economía argentina en general, en materia de medicamentos en particular comenzaron a proveer al plan Remediar, por primera vez desde el año de su creación en el año 2002, multinacionales de la talla de Pfizer (una de las big pharma), entre otras. A raíz de ello CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, que agrupa a los privados de capitales nacionales, presentó un amparo en el mes de junio para que se suspenda la adjudicación de la licitación denunciando la violación de la ley de Compre Nacional y la ley Nacional de Medicamentos (16.463), ya que en esta licitación el Ministerio podría adquirir fármacos sin el registro sanitario en la Argentina.
El pasado mes de julio se avanzó en la elaboración de una propuesta desde el LIF SE (Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado) de Santa Fe y el LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales) de Rosario, para proveer medicamentos al Ministerio de Salud de la Nación, los cuales serán distribuidos a través de la Cobertura Universal de Medicamentos (CUM). El mismo reemplazará al plan REMEDIAR, dentro de la Cobertura Universal de Salud (CUS), establecida por la Resolución 475/2016 publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de mayo, el mismo busca que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan a lo largo de todo su ciclo de vida, sean de promoción, prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos, sin tener que pasar por dificultades financieras para pagarlos, señaló el Ministro Jorge Lemus.
Inicialmente la CUS estará compuesta por los 16 millones de beneficiarios inscriptos en programas de medicamentos y las 12,7 millones de personas que forman parte del programa Sumar.
Tomando los antecedentes cercanos de los laboratorios públicos santafesinos, desde el año 2008 a la fecha, el LIF “ha producido y entregado más de 150 millones de comprimidos, al Ministerio de Salud de la Nación”, como también “más de 6 millones de comprimidos, destinados a ministerios de salud provinciales y secretarías de salud, de diferentes jurisdicciones”, hecho que demuestra la enorme contribución de medicamentos esenciales.
Hay una gran incertidumbre con respecto a los otros dos grandes laboratorios públicos proveedores del difunto REMEDIAR como los Laboratorios Puntanos SE con sede en San Luis y Hemoderivados-UNC (ver más adelante).

Disolución de la ANLAP

A fines de 2014 se aprobó la creación de la ANLAP, una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que nucleaba a los más de treinta laboratorios públicos que existen en nuestro país, con el objetivo de articular su actividad. Además de los anteriormente citados, podemos agregar otros dependientes de los gobiernos provinciales como el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, y que dependen de las universidades nacionales, y el caso del Laboratorio de Hemoderivados, de Córdoba o la UPM de La Plata.
Entre los principales objetivos de esta agencia estaba la responsabilidad de diseñar la política pública en materia de producción, investigación y desarrollo de medicamentos; orientada la producción al subsector público de la salud; registrar los laboratorios públicos que existan en las distintas provincias, tal como lo establece la ley 26.688 y también promover la compra centralizada de principios activos para que lo producido por los laboratorios públicos sea más competitivo y de esa forma abaratar los costos de los medicamentos.
El pasado 22 de julio bajo el Decreto 883/2016 se da por finalizada la gestión al frente de la ANLAP del Dr. De Urraza, lo que pone prácticamente un desenlace a dicha Agencia. Fiel a la experiencia sanitaria durante el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires (2007-2015) y del ministro Lemus, de no permitir el desarrollo de laboratorios públicos en la CABA.

Renuncia en Hemoderivados

Como si todo lo anterior fuera poco en estos días se conoció la renuncia de la histórica dirigente Catalina Massa, del laboratorio público más grande del país, el de Hemoderivados dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que cuenta con 270 trabajadores altamente calificados .
En la carta de renuncia dirigida al rector Hugo Juri, Massa manifiesta que “en reiteradas oportunidades intenté reunirme con usted para informarle sobre la situación actual del Laboratorio ”, puntualizando a continuación que “diseñamos un plan de acción cuyos resultados hoy se evidencian a través de la duplicación del nivel de producción existente al año 2007, la diversificación de la producción y la significativa expansión y actualización tecnológica de las instalaciones, pasando de 5000 m2 cubiertos en el año 2007 a 11600 m2 en la actualidad. Esto último significó la construcción de 3 plantas productivas nuevas de última generación (planta multipropósito, Planta de Formulación Final de Hemoderivados y Planta de Producción de agua calidad inyectable), nuevos laboratorios de Control de Calidad y de investigación y Desarrollo, sectores de inspección visual y empaque, Depósito de Insumos informatizado, etc. Además se adquirió equipamiento con tecnología de avanzada dirigido a automatizar los procesos, mejorar los rendimientos productivos y garantizar la calidad de los productos.
La ejecución del Plan de Expansión y Actualización Tecnológica iniciado en el año 2008 y a finalizar en el 2016, ha significado una inversión de $170 millones con fondos de la propia institución y va a permitir incrementar la capacidad productiva de medicamentos hemoderivados en un 250% y de fármacos inyectables de uso hospitalario en un 400%, lo que garantiza la posibilidad de crecimiento futuro de la institución”.

sábado, 23 de julio de 2016

LA UNIDAD DE LA CGT NO IMPLICA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES












OPINIÓN

La unidad de la CGT no implica directamente la unidad del 

movimiento obrero

La reunificación que discuten los dirigentes solo toma en cuenta sus 
intereses particulares. 
Lejos está de servir para enfrentar el ajuste.



Delegado FOETRA-Agrupación Violeta
Miércoles 20 de julio 




En apenas siete meses de asumido, el gobierno derechista de Macri y sus funcionarios CEO, muestra el ajuste programado por la burguesía contra el pueblo trabajador. Ajuste del que no difiere, como lo dijo hace pocos días, Miguel Bein, economista del excandidato presidencial Daniel Scioli, cada vez que se lo consulta públicamente, solo diferenciándose en los tiempos.
De las dos opciones que nos daba el ballotage, ninguna planteaba en su programa que el ajuste lo paguen los empresarios y las multinacionales, que se han beneficiado en los últimos diez años del crecimiento económico que tuvo la Argentina. Eso sí, el mismo se dio a costa de millones de trabajadores precarizados.
De esto las CGT –divididas bajo el kirchnerismo- casi ni hablaban estos años. Solo Moyano ha llamado a algunos paros, haciendo eje en el impuesto al salario (otro gran robo al pueblo trabajador), pero casi sin nombrar a los millones de asalariados que trabajan en condiciones totalmente precarias y que no llegan, hoy mismo, a un salario superior a 7000 pesos, lo que no alcanza a la tercera parte la canasta familiar. Ni hablar de la CGT y CTA de Yasky -en ese momento oficialistas- o la CTA Micheli que hizo muchas declaraciones combativas pero mantuvo un claro seguidismo a la CGT Moyano.

¿Para qué debe servir la unificación de las CGT?

Hoy la situación ante el nuevo gobierno muestra una línea de unir a las CGT e incluso podría sumarse la misma CTA de Yasky, aunque eso habrá que verlo.
Pero en principio la unidad de la CGT no implica directamente la unidad del movimiento obrero, ya que si bien muestra una unidad de distintos sindicatos, millones de trabajadores aún siguen sin poder organizarse en los mismos. Esto es producto de la política de las conducciones sindicales, en complicidad con las patronales, de dejar a un sector de la clase obrera fuera de los derechos laborales y sindicales.
Pero además, en esta unificación se muestra más la pelea por intereses sectoriales de los propios dirigentes burocráticos de las distintas CGT, que por las reivindicaciones obreras.
Para dar cuenta de esto no hace falta hacer un curso de historia sobre las valiosas luchas que ha dado el movimiento obrero, alcanza solo con ver la ubicación de las centrales sindicales ante el ajuste en curso: una gran tregua que favorece ni más ni menos que a los empresarios, a las multinacionales y al Gobierno.
Por otro lado, están quienes se diferencian de estos dirigentes y que son parte de sindicatos dirigidos por el kirchnerismo, algunos más, otros menos, pero que se referenciaron todos estos años en ese “modelo”, como es el caso de Foetra Bs.As.
Aquí tampoco se ve que su línea sea realmente resistir ante el ajuste contra el pueblo, sino más bien esperar el resultado que dará esa reunificación de las CGT, a la cual verán críticamente o no según quien esté encabezando.
El tema principal pasa porque ninguno de estos sindicatos, que siguen reivindicándose en parte del kirchnerismo, se ha pronunciado siquiera públicamente contra el tarifazo que afecta al conjunto de la clase trabajadora y que hace que, producto de las pobres paritarias, todo aumento sea justamente absorbido por las subas de tarifas de hasta el 400%.
Tampoco se los ve llamando a acciones en las calles o en los gremios contra el mismo tarifazo. Pareciera que el #Ruidazo del jueves 14/07 no ha llegado a sus oídos. Esto a pesar de que hay encuestas que muestran que en Capital y Gran Buenos Aires, el 78% de la población está a favor de esas protestas, más allá de su convocatoria activa.
En el último plenario de Foetra, la agrupación Violeta que integro, propuso pronunciarnos contra el tarifazo, exigiendo a las centrales sindicales un paro nacional para enfrentar el mismo, pero la conducción kirchnerista del sindicato se negó.
La excusa de que hoy hay distintas tendencias en la CGT y que un sector de éstas ha apoyado en su momento al macrismo para que llegue al gobierno (en referencia principalmente al moyanismo), se usa para no sentar posición pública ante el tema y tampoco llamar a acciones concretas contra el ajuste, punto con el que la inmensa mayoría de los trabajadores estarían de acuerdo, más en medio de una dura pelea en las paritarias como la que estamos protagonizando.
La unificación del movimiento obrero desde las bases es la clave para pelear contra el ajuste y también contra la precarización que quieren seguir aplicando desde el Gobierno y las empresas, unificando a trabajadores de planta, tercerizados, contratados de distintos sectores y de distintos gremios en un pelea en común por las distintas reivindicaciones.
Poco vendrá desde arriba si la política de la CGT es seguir con esta tregua, dejando aisladas distintas luchas o sin unificar las demandas del pueblo trabajador en un solo reclamo. En cambio, sí vendrá de las organizaciones de base, cuerpos de delegados, comisiones internas y sectores combativos, coordinando y unificando estas luchas, como también exigiendo e imponiendo a las centrales sindicales la pelea por el conjunto de los intereses de la clase trabajadora.
LID.

sábado, 9 de julio de 2016

Nace el Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados

Nace el Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados

Bajo el lema: “Ni un derecho menos en la Patagonia” se conformó el  frente patagónico para resistir el ajuste de los Gobiernos Provinciales y Nacional. En defensa de las Cajas que no se han transferido a Nación, contra la criminalización de la protesta social y en defensa de los recursos naturales y la soberanía, entre otros puntos.
Durante el fin de semana pasado se realizó el primer Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados.

El mismo contó con la presencia de representantes de la Unión de Gremios y Jubilados de Tierra del  Fuego y de representantes de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Santa Cruz. Además participaron representantes sindicales de otras provincias patagónicas como Río Negro, La Pampa y Chubut.
Se definió continuar trabajando en unidad y se le dio el nombre de Encuentro  Patagónico de Trabajadores y Jubilados bajo el lema “Ni un derecho menos en la Patagonia” y con la redacción de un documento unificado que establezca los puntos que unifican la lucha, la iniciativa política y los puntos programáticos de acción.
Se establecieron una serie de acciones para llegar a una Marcha Patagónica para fines de agosto  o principios de septiembre.
Se comenzaría con una jornada de lucha en cada distrito, ciudad, localidad y comarca para el día 14 de julio, con la modalidad que definan en cada jurisdicción. Se realizarán Asambleas y consulta a las bases para llegar con propuestas para fines de agosto a un segundo Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados en la Provincia de Santa Cruz e ir preparando la Marcha Patagónica. Se realizará además en toda la Patagonia una jornada de lucha específicamente contra la criminalización de la protesta el 18 de agosto. Por otra parte se decidió conformar equipos de trabajo sobre las Cajas de Jubilaciones de las provincias que aún transferido las Cajas a Nación. Y se estableció la conformación de un espacio multimedial para comunicar y difundir las actividades del Encuentro.
Los puntos de convocatoria para la Jornada de lucha del 14 de julio acordados son:- Pedido de resolución de los conflictos en Santa Cruz y Tierra del Fuego.- Paritarias abiertas y libres.- Defensa de las cajas provinciales. - Contra los tarifazos, impuestazos  y políticas de ajuste.- Contra la criminalización de la protesta.- Defensa de los recursos naturales y soberanía.- Contra la precarización laboral en el Estado, por el pase a planta y la estabilidad laboral. - Contra las leyes de endeudamiento y leyes de emergencia.- Por la democratización de la Justicia y una modificación en la conformación de los Consejos de la Magistratura en las cuales se incluyan representantes de los trabajadores.- Por el funcionamiento efectivo de los organismo de control del Estado.
Fuente: Equipo de Comunicación de la CTA Tierra del Fuego

sábado, 2 de julio de 2016

QUE TIPO DE SINDICATO ?


Por su posición política

1) Sindicatos amarillos: son los que están formados para defender los intereses del patrón. Son muy comunes, quizá la mayoría. En la tradición sindical se les conoce como sindicatos amarillos o apatronados y pueden ser generados por el patrón o porque un grupo de trabajadores se “arregla“ con el patrón.

2) Sindicatos neutros: son los que no se meten en nada. No se mojan el potito.

3) Sindicatos no autónomos: están intervenidos por los partidos políticos, por el Estado, por la iglesia o por los empresarios. Son sindicatos dependientes políticamente o influidos por el patrón, por el gobierno, por la iglesia o por los partidos políticos y por eso se olvidan de los intereses de la clase trabajadora.

4) Sindicatos autónomos que defienden a los trabajadores: son los que defienden única y exclusivamente a los trabajadores y se dedican a lograr mayores conquistas. Los sindicatos están hechos para defender los intereses de la clase trabajadora y no para otra cosa. Estos son los sindicatos que tenemos que promover porque son los que tienen conciencia de clase.

Además de luchar por defender los derechos laborales, por mejores condiciones de salario de vida y trabajo, tiene como objetivo histórico luchar por la supresión de la explotación del hombre por el hombre y participar en la construcciòn de una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.

sábado, 18 de junio de 2016

PAMI, MEDICAMENTOS: QUE PASA ???????


¿Qué pasa en el PAMI?
El problema no radica en la lista de medicamentos innecesarios que paga el PAMI en virtud del convenio con la industria y que seguirá pagando -aún con menos descuentos- a sabiendas que son prescindibles. El problema de fondo es que en el sistema sanitario argentino el zorro sigue cuidando el gallinero y esa perversidad del sistema no solo la paga el PAMI sino también las obras sociales, sostiene en una excelente nota Constantino Touloupas, experto en farmacología.

La política de medicamentos en el centro del debate.

¿Asistimos a una revisión del modelo de gestión de medicamentos o solo se trata de un ajuste de mercado con transferencia de costos a los afiliados?
El reciente dictado de la Resolución N° 439 ha puesto de manifiesto en los medios masivos de comunicación las severas dificultades que tenemos en Argentina para prestarnos a un debate mínimamente serio y conducente que lleve a la opinión pública en general y a los casi 5 millones de jubilados, pensionados y jóvenes a cargo afiliados al PAMI, a contar con información objetiva que permita analizar el sentido y objeto de esta decisión del gobierno.
Una lista de 160 medicamentos por su nombre genérico, monofármacos y asociaciones que representan más de 1000 productos comerciales, entre los que se cuentan algunos de los más indicados y utilizados (antiartrósicos, antivaricosos, polivitamínicos, antiinflamatorios, entre otros) pueden ser ahora mismo, "fármacos obsoletos", riesgosos, inútiles, carentes de evidencia científica que explique su real valor terapéutico y sanitario.
Se impone repasar algunas preguntas disparadoras que sobrevolaron las radios y la televisión solo por un par de días, intentando "comunicar" el cambio en la cobertura y sus razones.
¿Cómo es posible que medicamentos que se cubrían al 100% durante años, en beneficio de quienes no podían pagarlos (Resolución 337 de noviembre de 2008) pasen a la cobertura "normal" y ahora deban ser pagados al 50% o al 20% por los afiliados?
¿Desde cuándo un medicamento autorizado por la ANMAT, puede ser discutido en cuanto a su utilidad real o su cobertura económica por parte del PAMI o cualquier otra Obra social, si el mercado le ha dado su credencial de venta?
¿A partir de qué extraña conjura ahora vemos un "excesivo consumo de medicamentos", una "falta absoluta de controles por parte del PAMI" sobre la prestación farmacéutica, que ha llevado a denunciar maniobras dolosas, financiando medicamentos para pacientes fallecidos o inexistentes? También hemos oído que algunos pacientes consumen hasta 24 medicamentos, o se supone que los consumen, sin saber muy bien como sobreviven a ello.
¿Por qué en este momento algunas sociedades científicas, y "expertos nacionales e internacionales" vienen a manifestar su preocupación por el consumo de fármacos en el PAMI y el excesivo gasto en medicamentos, de dudosa virtud terapéutica?
¿Es que algún extraño virus ha afectado a los farmacéuticos y algunas de las entidades profesionales que los agrupan, que se niegan a "informar" a los casi 2.000.000 afiliados, que por estar alcanzados por la resolución 337 no pagaban por estos medicamentos y ahora deberán pagar esa diferencia de su bolsillo?
¿Qué notable silencio mantienen los médicos que intentan trabajar seriamente y cuántas voces médicas incentivadas "preocupadas" por el tema escuchamos?
Hemos oído al Interventor del PAMI, Doctor Carlos Regazzoni explicar con relativo éxito que los medicamentos que dejan de cubrirse al 100% (de aplicarse esta Resolución) son poco menos que tóxicos o inútiles en cuanto a sus beneficios, invocando principios científicos y sanitarios elementales.
Pero ha fracasado rotundamente en explicar por qué si carecen de valor terapéutico hay que pagarlos y seguir consumiéndolos, solo queahora paga el afiliado y el PAMI. Antes solo lo hacía la Obra Social.

Algunas consideraciones básicas

La mayoría de los países de referencia sanitaria, reconocidos por el hecho de cuidar derechos ciudadanos establecidos o de afiliación a sistemas de seguro y con accesos debidamente regulados a Servicios de Salud, entre los que podemos citar a Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, no otorgan cobertura o lo que es lo mismo, no pagan acríticamente por la jungla de medicamentos registrados por la Industria Farmacéutica a través de las Agencias de Registro (FDA, EMEA, MRC, CADTH, entre otras). ¿Por qué no pagan? Sencillamente porque en el mercado mundial y en el argentino conviven medicamentos de alto valor terapéutico reconocidos como esenciales (insulinas, anticoagulantes, antiarrítmicos, antiparasitarios, antimicrobianos) con otrosmedicamentos inútiles, riesgosos o de nula o controvertida aplicación y uso, como los vasodilatadores, hepatoprotectores, antiartríticos, polivitamínicos, estimulantes del sistema nervioso, estimulantes del deseo sexual, inductores del sueño, entre muchos otros.
Más cerca tenemos a Cuba, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Chile que establecen criterios de selección de medicamentos y asignan recursos humanos y económicos para promover no solo el uso racional de medicamentos sino una asignación eficiente de recursos que permita acceder a todos según necesidad sanitaria real y no por demanda de mercado, satisfecha por el sistema.
Aun en los Estados Unidos consumidor del 25% de mercado mundial del medicamentos, y reconocido hasta por los norteamericanos como el sistema de salud más caro e injusto, no se financia en forma acrítica ni a través de MEDICARE ni por las denominadas HMO (empresas de medicina prepaga) todo lo que la FDA le permite vender a la industria del medicamento.
Argentina cuenta con marco regulatorio que impone la financiación selectiva de medicamentos (que es de lo que estamos hablando) o algo así como 'afortunadamente no estamos obligados a consumir y pagar todo lo que ANMAT autoriza'.
Las Obras Sociales nacionales y las Empresas de medicina prepaga, deben cumplir con el PMO- Programa Médico Obligatorio, y están obligadas a cubrir con determinado nivel de cobertura económica los medicamentos del FMN- Formulario Terapéutico Nacional (según Resoluciones 160/04 y 310/04 del Ministerio de Salud de la Nación) siendo subsidiadas solidariamente para medicamentos del alto costo por el Fondo de Redistribución de las Obras Sociales Nacionales, de las leyes 23.660 y 23.661, a través la resolución 1048/14 de la SSSALUD.
Entonces, ¿el PAMI no está alcanzado por este Marco Regulatorio en materia de medicamentos?
La respuesta es sí, pero es un organismo eternamente intervenido, que le ha entregado la administración, gestión y toma de decisiones a las Cámaras de la Industria Farmacéutica (CILFA y CAEME) para que sean ellas las que caractericen el modelo de mercado que rige en el Instituto -que representa el 30% de la venta de medicamentos en Argentina-, imponiendo la cobertura de prácticamente todos los medicamentos registrados: un hecho sanitario letal, injusto y temerario que sigue vigente.
Los medicamentos representan hoy la cuarta causa de muerte en los países desarrollados, que sí regulan su financiación y promueven un uso responsable de los mismos. Si a ello le sumamos el error en medicina, el encarnizamiento terapéutico y la falta de prevención cuaternaria (evitar que el médico y el sistema sobreactúen) el combo asciende al tercer puesto entre las causas de muerte.
Esto es lo que subyace, justo cuando el PAMI dicta el primer acto regulatorio en materia de medicamentosen muchos años.
La pregunta obvia que se impone entonces es ¿resulta pertinente que no se cubran todos los medicamentos que se comercializan, desde el punto de vista sanitario y científico? La respuesta es sí.
Entonces, ¿la decisión del PAMI es correcta? La respuesta es no. Porque esta decisión lo único que hace es transferir el pago al afiliado de algo que considera sin valor terapéutico, con una explicación de carácter administrativo: "el PAMI está fundido".
Y entonces, ¿por qué un medicamento que carece de valor terapéutico mantiene su valor económico? Por decisión política.Para no afectar su consumo y perjudicar al que lo vende. Ni más, ni menos.
Nos podríamos ocupar muchísimo de las motivaciones del que lo prescribe, pero eso sería motivo de otro artículo y el conflicto de intereses que lo soporta.
Si, como hemos escuchado, tanto las sociedades científicas como los médicos de cabecera del PAMI y losexpertos coinciden en que estos medicamentos están superados por otros, ¿por qué la decisión no va al fondo del problema y se dejan de cubrir absolutamente (o sea, no paga ni el PAMI ni el afiliado), alentando además a que se dejen de consumir en beneficio de la población, que es lo que realmente debe prevalecer?
Por citar sólo un ejemplo del absurdo del discurso científico sin curso político sanitario, analicemos elpiroxicam, incluido en el listado. Es reconocido en todo el mundo porque tiene la capacidad de aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, ulcera y gastritis 19 veces más que otros antiinflamatorios (ibuprofeno, por ejemplo).
Para desalentar su uso debería salir de la cobertura no solo en combinación sino también en su versión monodroga. Hace más de 15 años que dejar de usar y por ende de cubrir piroxicam, está recomendado en beneficio de los pacientes.

De eso no se habla

Finalmente, como siempre en Argentina veamos qué hay detrás de la escena.
Haremos una caracterización básica del convenio PAMI – Industria Farmacéutica, que representa el contrato de provisión de medicamentos más importante del país, y que nunca superó los Organismos de Control, por su ilegalidad.
El Convenio no es de prestaciones farmacéuticas, porque los prestadores subcontratan a las farmacias, pero el tomador del Contrato (CAEME Y CILFA) son los fabricantes/productores de los medicamentos, y por ende no pueden estar a cargo de la gestión de las prestaciones. No pueden, pero están.
El Convenio está administrado por FARMALINK SA (que es la propia Industria) y por el CAMOyTE (Centro de Autorización de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales) que autoriza acríticamente tratamientos para regímenes especiales de cobertura ycarteliza la provisión de medicamentos de alto costo llamados 'especiales' y cuya gestión, notablemente, no le ha preocupado hasta ahora al Interventor Regazzoni.
Estas estructuras de tercerización de las responsabilidades del propio PAMI existen porque a los Laboratorios les está vedada por ley la administración de prestaciones farmacéuticas y la auditoría de sus propias ventas. ¡Menos aún podrían fijar libremente los precios y la cobertura!, aunque esto está validado por el PAMI a posteriori, con resoluciones ad-hoc.
Esto implica que PAMI no tiene contrato con las farmacias, que son las que atienden a los afiliados y tutelan por ley la 'dispensa de medicamentos', y lo que hace es contratar en forma directa con proveedores, sin licitación y compulsa.
Categóricamente es un contrato ilegal, tolerado por el sistema, y en este momento en su versión más irracional e incontrolable, gracias a la gestión de Luciano Di Cesare que la ha dado a las empresas farmacéuticas lo que ni siquiera Matilde Menéndez y Víctor Alderete se atrevieron.
En este marco se inscribe la famosa Resolución 337/05 -ahora modificada- que resulta troncal para "administrar" las coberturas al 100%, donde el afiliado no paga porque no debe o porque no puede, bajo 2 modalidades operativas:
  1. ambulatorio (stock condicionado por las notas de crédito que como "moneda de pago" entrega la industria a la farmacia), y
  2. especiales por CAMOyTE (stock provisto por droguerías a la farmacia (algunas en particular), que entrega y no factura el producto.
Sobre esto hacemos algunos comentarios finales:
  1. Esta resolución y sus adendas posteriores, decididas por FARMALINK SA con complicidad de las distintas gestiones del PAMI, se ocupa nada menos que de la mayor carga de enfermedad y o necesidad socioeconómica de los afiliados.
  2. El gasto, así, resulta creciente, ajustado a los aumentos de precios, carece de planificación sanitaria, y el PAMI recibe descuentos de muy difícil fiscalización: porcentuales iguales para precios muy distintos en muchísimos productos, pagando un segmento de medicamentos inútiles, controversiales o que exigen selección de caso con inusitada frecuencia.
Conceptualmente es una Resolución que para el segmento ambulatorio, subsidia todos los medicamentos autorizados por la ANMAT al precio que la industria publica en los manuales. Esto le impide al afiliadoreconocer diferencias de precios y elegir el producto según Ley de prescripción obligatoria por nombre genérico.
Al pactar el PAMI un 'precio justo' (el Instituto cubrirá el 100% menos los descuentos de la marca prescripta, sin más), lo que hace es respetar a ultranza la marca sugerida por la receta, ajustando pauta por presentación del medicamento y no por tratamiento, y le paga a la farmacia con Notas de Crédito (hay 13 instrumentos de "pago" para las farmacias) y le "rinde" al PAMI Notas de Descuento (25% del laboratorio y 12% de media del precio de las farmacias subcontratadas). Pero claro, ya dijimos que los precios los publica la Industria en los manuales, y estos reflejan el sobreprecio que supuestamente se 'descuenta'. Basta con entrar a la farmacia con el "recetario solidario" para confirmar que cualquiera obtiene el mismo descuento que el PAMI.
Para el segmento de los Especiales o CAMOyTE, un Centro que no firma sus dictámenes, administra la carga de morbilidad de mayor costo (oncológicos, oncohematológicos, renales, VIH SIDA, hemofílicos, trasplantados, hepatitis crónica, tratamientos biológicos y terapias dirigidas, entre muchos otros) el modelo garantiza toda la discrecionalidad de autorizar todos los tratamientos con protocolos prescriptos sin ajustarse a evidencia en muchos casos, sin análisis de caso, haciendo cupo por marca y cantidad entregada de los productos que se asignan -y sin intervención del PAMI en decidir qué quiere cubrir-, sin integralidad para los tratamientos de soporte clínico, sólo por citar algunos problemas.
Tengamos en cuenta que este modelo no permite al PAMI reconocer planes de cobertura, ni planificar ni presupuestar ni gestionar con autonomía el mayor contrato de provisiones, tal como está concebido. Un gasto creciente e incontrolable con estas herramientas.
Sabemos que hubo asignación discrecional de la resolución de este beneficio para afiliados que no necesitaban el 100% de cobertura por razones socioeconómicas; sabemos que se ha vuelto inmanejable, sabemos que los afiliados han stockeado alentados por las propias UGL porque "si no se retira mes a mes el beneficio se pierde", o "no sabemos hasta cuando se va a mantener esto". Esto es lo que dicen hasta acá. En pocos días, quizás digan "ahora UD. tiene que pagar la diferencia".
Esta Resolución y todo el 'modelo' merecen un análisis profundo.
Hay que medir y estimar el nivel de mala calidad terapéutica y sanitaria, la ineficiencia, y la inequidad. Para esto el PAMI debería contar con la información confidencial de los pacientes y no permitir que esté en manos de los Laboratorios. Y trabajar mucho.


Contribución de la Farmacéutica Guadalupe Soulages, Licenciada en Ciencias Farmacéuticas. Administradora de Servicios de Salud. Diplomada en Gestión de Calidad en las Organizaciones de Salud; y el Doctor Constantino Touloupas, Médico. Especialista en Farmacología Clínica, Profesor de Terapéuticas y Farmacología – Medicina – UNLaM


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Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud
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