La ruta de otra reforma (anti)laboral
Pedro Kuczynski, el nuevo presidente de Perú, apunta a una reforma contra la “rigidez del mercado laboral”, como herramienta para llevar el empleo en negro del ¡70%! actual a un 40% en sus cinco años de gobierno. El Frente Amplio uruguayo está en lo mismo, y en Brasil se trata de una línea común de las distintas fracciones de la burguesía que están hundidas en la crisis de la corrupción. Chile, que sería el modelo latinoamericano de flexibilidad laboral y reforma jubilatoria, acaba de ser escenario de una movilización de 100 mil trabajadores contra las AFP chilenas, que ha seguido a la rebelión juvenil contra la educación privada.
Se trata de un cuadro no muy alentador para copiar. No obstante, en la Argentina se discute una nueva ola de reforma antilaboral y antijubilatoria como instrumentos necesarios al ajuste que encabeza Macri. Los aportes del kirchnerismo fueron muy importantes en esta línea, aunque se le acabó la espalda para seguir adelante. Recordemos la reforma del Código Civil que anuló la prelación del derecho laboral y elevó a categoría cuasi constitucional la tercerización laboral.
Según La Nación (26/7) “ningún aumento del empleo privado y de la competitividad (…) podrán lograrse sin una reforma del modelo vigente de relaciones laborales en la Argentina”.
El eje es el convenio por empresa: “Un aspecto sustancial de una reforma laboral es que la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa” (ídem). Para ello promueve que “el modelo sindical asegure la mayor libertad individual y colectiva”. “Pero -añade- debe evitarse la atomización gremial en la empresa, que a la hora de la negociación pudiera llevar a una carrera de dirigentes sindicales que intenten superar unos lo alcanzado por otros.”
Este contenido fue un eje de las reformas menemistas que encontraron continuidad en la era K con la reafirmación de la ley Banelco II, que no modificó esencialmente a la Banelco original en este punto. El Smata y su convenio por empresa, los plásticos y el sistema heredado en el neumático son parte del legado.
Recordemos que el fraccionamiento de vacaciones y el trabajo por piezas en la rama clearing de camioneros (empresas de reparto de correspondencia), las entregó Moyano en tiempos en que su CGT era la columna vertebral del kirchnerismo. Lo mismo podemos decir de la “herencia” de 600 mil tercerizados que sufren convenios a la baja o los “convenios depósitos” de Comercio y la Uocra, dos niños mimados de los tiempos kirchneristas. Otro tanto podemos decir del trabajo en negro que alcanza, según el Ministerio de Trabajo, al 40% de la masa laboral, lo que constituye una fuerte palanca a la baja contra el salario y los convenios colectivos.
El problema es que como en Brasil o Perú, como en Uruguay o Chile, los enormes golpes asestados en los últimos 20 años al movimiento obrero y sus conquistas no alcanzan. La crisis y sus salidas capitalistas, honrando las deudas usurarias, el rescate estatal de los empresarios y la entrega de recursos estratégicos, impulsa a recomponer la tasa de ganancia mediante nuevos ataques contra el valor de la fuerza de trabajo.
“En este sentido se debería asignar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor (empresa o sector geográfico) por sobre los acuerdos colectivos o paritarias en el nivel de sector de actividad”, profundiza La Nación. No sólo permitirlos, sino que tengan prelación. Se trata de una línea de fondo que implica quebrar los convenios por rama, transformándolos en “pisos” o “marcos” de carácter genérico cuya única función es mantener el poder de una burocracia central.
La burocracia central, a su vez, tendrá la función de asegurar el monopolio del derecho de huelga de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, al tiempo que maneja la caja de los sindicatos, las “contribuciones solidarias” (coimas) por firma de convenios y el control de las enormes cajas de las Obras Sociales.
La Nación ataca la homologación de convenios por el Ministerio para evitar todo obstáculo, pero sostiene “el arbitraje” cuando no hay acuerdos. Y luego, descarga una batería entera sobre el contenido de los convenios por empresa y del conjunto de la legislación. Así, plantea “flexibilizar y facilitar la contratación para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas”, junto al “contrato de plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares”, además de “la multifuncionalidad, la polivalencia funcional y la jornada variable o flexible”.
“Debe premiarse a quien genere nuevas oportunidades de empleo, por ejemplo, con la reducción o el diferimiento de las cargas sociales cuando se crean nuevos puestos de trabajo” (ley Triaca de Empleo Joven). “La indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo.” Proponen generalizar el sistema que rige en la construcción, donde cada trabajador aporta a su propia indemnización.
Las divergencias y tensiones internas entre fracciones capitalistas por la política económica, en particular en la UIA, no presentan diferencias en torno a esta cuestión. El movimiento obrero debe prepararse programáticamente contra esta nueva reforma antilaboral, que también prevé la definitiva eliminación de toda vía judicial en accidentes de trabajo, así como una reforma jubilatoria que eleve la edad y desprenda definitivamente el haber pasivo del activo.
La lucha por un Congreso de Bases del movimiento obrero tiene por función el debate de un programa de reivindicaciones, de un plan de lucha y de una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas, lo cual supone enfrentar el conjunto de la ofensiva.
Nestor Pitrola.
