sábado, 18 de junio de 2016

PAMI, MEDICAMENTOS: QUE PASA ???????


¿Qué pasa en el PAMI?
El problema no radica en la lista de medicamentos innecesarios que paga el PAMI en virtud del convenio con la industria y que seguirá pagando -aún con menos descuentos- a sabiendas que son prescindibles. El problema de fondo es que en el sistema sanitario argentino el zorro sigue cuidando el gallinero y esa perversidad del sistema no solo la paga el PAMI sino también las obras sociales, sostiene en una excelente nota Constantino Touloupas, experto en farmacología.

La política de medicamentos en el centro del debate.

¿Asistimos a una revisión del modelo de gestión de medicamentos o solo se trata de un ajuste de mercado con transferencia de costos a los afiliados?
El reciente dictado de la Resolución N° 439 ha puesto de manifiesto en los medios masivos de comunicación las severas dificultades que tenemos en Argentina para prestarnos a un debate mínimamente serio y conducente que lleve a la opinión pública en general y a los casi 5 millones de jubilados, pensionados y jóvenes a cargo afiliados al PAMI, a contar con información objetiva que permita analizar el sentido y objeto de esta decisión del gobierno.
Una lista de 160 medicamentos por su nombre genérico, monofármacos y asociaciones que representan más de 1000 productos comerciales, entre los que se cuentan algunos de los más indicados y utilizados (antiartrósicos, antivaricosos, polivitamínicos, antiinflamatorios, entre otros) pueden ser ahora mismo, "fármacos obsoletos", riesgosos, inútiles, carentes de evidencia científica que explique su real valor terapéutico y sanitario.
Se impone repasar algunas preguntas disparadoras que sobrevolaron las radios y la televisión solo por un par de días, intentando "comunicar" el cambio en la cobertura y sus razones.
¿Cómo es posible que medicamentos que se cubrían al 100% durante años, en beneficio de quienes no podían pagarlos (Resolución 337 de noviembre de 2008) pasen a la cobertura "normal" y ahora deban ser pagados al 50% o al 20% por los afiliados?
¿Desde cuándo un medicamento autorizado por la ANMAT, puede ser discutido en cuanto a su utilidad real o su cobertura económica por parte del PAMI o cualquier otra Obra social, si el mercado le ha dado su credencial de venta?
¿A partir de qué extraña conjura ahora vemos un "excesivo consumo de medicamentos", una "falta absoluta de controles por parte del PAMI" sobre la prestación farmacéutica, que ha llevado a denunciar maniobras dolosas, financiando medicamentos para pacientes fallecidos o inexistentes? También hemos oído que algunos pacientes consumen hasta 24 medicamentos, o se supone que los consumen, sin saber muy bien como sobreviven a ello.
¿Por qué en este momento algunas sociedades científicas, y "expertos nacionales e internacionales" vienen a manifestar su preocupación por el consumo de fármacos en el PAMI y el excesivo gasto en medicamentos, de dudosa virtud terapéutica?
¿Es que algún extraño virus ha afectado a los farmacéuticos y algunas de las entidades profesionales que los agrupan, que se niegan a "informar" a los casi 2.000.000 afiliados, que por estar alcanzados por la resolución 337 no pagaban por estos medicamentos y ahora deberán pagar esa diferencia de su bolsillo?
¿Qué notable silencio mantienen los médicos que intentan trabajar seriamente y cuántas voces médicas incentivadas "preocupadas" por el tema escuchamos?
Hemos oído al Interventor del PAMI, Doctor Carlos Regazzoni explicar con relativo éxito que los medicamentos que dejan de cubrirse al 100% (de aplicarse esta Resolución) son poco menos que tóxicos o inútiles en cuanto a sus beneficios, invocando principios científicos y sanitarios elementales.
Pero ha fracasado rotundamente en explicar por qué si carecen de valor terapéutico hay que pagarlos y seguir consumiéndolos, solo queahora paga el afiliado y el PAMI. Antes solo lo hacía la Obra Social.

Algunas consideraciones básicas

La mayoría de los países de referencia sanitaria, reconocidos por el hecho de cuidar derechos ciudadanos establecidos o de afiliación a sistemas de seguro y con accesos debidamente regulados a Servicios de Salud, entre los que podemos citar a Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, no otorgan cobertura o lo que es lo mismo, no pagan acríticamente por la jungla de medicamentos registrados por la Industria Farmacéutica a través de las Agencias de Registro (FDA, EMEA, MRC, CADTH, entre otras). ¿Por qué no pagan? Sencillamente porque en el mercado mundial y en el argentino conviven medicamentos de alto valor terapéutico reconocidos como esenciales (insulinas, anticoagulantes, antiarrítmicos, antiparasitarios, antimicrobianos) con otrosmedicamentos inútiles, riesgosos o de nula o controvertida aplicación y uso, como los vasodilatadores, hepatoprotectores, antiartríticos, polivitamínicos, estimulantes del sistema nervioso, estimulantes del deseo sexual, inductores del sueño, entre muchos otros.
Más cerca tenemos a Cuba, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Chile que establecen criterios de selección de medicamentos y asignan recursos humanos y económicos para promover no solo el uso racional de medicamentos sino una asignación eficiente de recursos que permita acceder a todos según necesidad sanitaria real y no por demanda de mercado, satisfecha por el sistema.
Aun en los Estados Unidos consumidor del 25% de mercado mundial del medicamentos, y reconocido hasta por los norteamericanos como el sistema de salud más caro e injusto, no se financia en forma acrítica ni a través de MEDICARE ni por las denominadas HMO (empresas de medicina prepaga) todo lo que la FDA le permite vender a la industria del medicamento.
Argentina cuenta con marco regulatorio que impone la financiación selectiva de medicamentos (que es de lo que estamos hablando) o algo así como 'afortunadamente no estamos obligados a consumir y pagar todo lo que ANMAT autoriza'.
Las Obras Sociales nacionales y las Empresas de medicina prepaga, deben cumplir con el PMO- Programa Médico Obligatorio, y están obligadas a cubrir con determinado nivel de cobertura económica los medicamentos del FMN- Formulario Terapéutico Nacional (según Resoluciones 160/04 y 310/04 del Ministerio de Salud de la Nación) siendo subsidiadas solidariamente para medicamentos del alto costo por el Fondo de Redistribución de las Obras Sociales Nacionales, de las leyes 23.660 y 23.661, a través la resolución 1048/14 de la SSSALUD.
Entonces, ¿el PAMI no está alcanzado por este Marco Regulatorio en materia de medicamentos?
La respuesta es sí, pero es un organismo eternamente intervenido, que le ha entregado la administración, gestión y toma de decisiones a las Cámaras de la Industria Farmacéutica (CILFA y CAEME) para que sean ellas las que caractericen el modelo de mercado que rige en el Instituto -que representa el 30% de la venta de medicamentos en Argentina-, imponiendo la cobertura de prácticamente todos los medicamentos registrados: un hecho sanitario letal, injusto y temerario que sigue vigente.
Los medicamentos representan hoy la cuarta causa de muerte en los países desarrollados, que sí regulan su financiación y promueven un uso responsable de los mismos. Si a ello le sumamos el error en medicina, el encarnizamiento terapéutico y la falta de prevención cuaternaria (evitar que el médico y el sistema sobreactúen) el combo asciende al tercer puesto entre las causas de muerte.
Esto es lo que subyace, justo cuando el PAMI dicta el primer acto regulatorio en materia de medicamentosen muchos años.
La pregunta obvia que se impone entonces es ¿resulta pertinente que no se cubran todos los medicamentos que se comercializan, desde el punto de vista sanitario y científico? La respuesta es sí.
Entonces, ¿la decisión del PAMI es correcta? La respuesta es no. Porque esta decisión lo único que hace es transferir el pago al afiliado de algo que considera sin valor terapéutico, con una explicación de carácter administrativo: "el PAMI está fundido".
Y entonces, ¿por qué un medicamento que carece de valor terapéutico mantiene su valor económico? Por decisión política.Para no afectar su consumo y perjudicar al que lo vende. Ni más, ni menos.
Nos podríamos ocupar muchísimo de las motivaciones del que lo prescribe, pero eso sería motivo de otro artículo y el conflicto de intereses que lo soporta.
Si, como hemos escuchado, tanto las sociedades científicas como los médicos de cabecera del PAMI y losexpertos coinciden en que estos medicamentos están superados por otros, ¿por qué la decisión no va al fondo del problema y se dejan de cubrir absolutamente (o sea, no paga ni el PAMI ni el afiliado), alentando además a que se dejen de consumir en beneficio de la población, que es lo que realmente debe prevalecer?
Por citar sólo un ejemplo del absurdo del discurso científico sin curso político sanitario, analicemos elpiroxicam, incluido en el listado. Es reconocido en todo el mundo porque tiene la capacidad de aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, ulcera y gastritis 19 veces más que otros antiinflamatorios (ibuprofeno, por ejemplo).
Para desalentar su uso debería salir de la cobertura no solo en combinación sino también en su versión monodroga. Hace más de 15 años que dejar de usar y por ende de cubrir piroxicam, está recomendado en beneficio de los pacientes.

De eso no se habla

Finalmente, como siempre en Argentina veamos qué hay detrás de la escena.
Haremos una caracterización básica del convenio PAMI – Industria Farmacéutica, que representa el contrato de provisión de medicamentos más importante del país, y que nunca superó los Organismos de Control, por su ilegalidad.
El Convenio no es de prestaciones farmacéuticas, porque los prestadores subcontratan a las farmacias, pero el tomador del Contrato (CAEME Y CILFA) son los fabricantes/productores de los medicamentos, y por ende no pueden estar a cargo de la gestión de las prestaciones. No pueden, pero están.
El Convenio está administrado por FARMALINK SA (que es la propia Industria) y por el CAMOyTE (Centro de Autorización de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales) que autoriza acríticamente tratamientos para regímenes especiales de cobertura ycarteliza la provisión de medicamentos de alto costo llamados 'especiales' y cuya gestión, notablemente, no le ha preocupado hasta ahora al Interventor Regazzoni.
Estas estructuras de tercerización de las responsabilidades del propio PAMI existen porque a los Laboratorios les está vedada por ley la administración de prestaciones farmacéuticas y la auditoría de sus propias ventas. ¡Menos aún podrían fijar libremente los precios y la cobertura!, aunque esto está validado por el PAMI a posteriori, con resoluciones ad-hoc.
Esto implica que PAMI no tiene contrato con las farmacias, que son las que atienden a los afiliados y tutelan por ley la 'dispensa de medicamentos', y lo que hace es contratar en forma directa con proveedores, sin licitación y compulsa.
Categóricamente es un contrato ilegal, tolerado por el sistema, y en este momento en su versión más irracional e incontrolable, gracias a la gestión de Luciano Di Cesare que la ha dado a las empresas farmacéuticas lo que ni siquiera Matilde Menéndez y Víctor Alderete se atrevieron.
En este marco se inscribe la famosa Resolución 337/05 -ahora modificada- que resulta troncal para "administrar" las coberturas al 100%, donde el afiliado no paga porque no debe o porque no puede, bajo 2 modalidades operativas:
  1. ambulatorio (stock condicionado por las notas de crédito que como "moneda de pago" entrega la industria a la farmacia), y
  2. especiales por CAMOyTE (stock provisto por droguerías a la farmacia (algunas en particular), que entrega y no factura el producto.
Sobre esto hacemos algunos comentarios finales:
  1. Esta resolución y sus adendas posteriores, decididas por FARMALINK SA con complicidad de las distintas gestiones del PAMI, se ocupa nada menos que de la mayor carga de enfermedad y o necesidad socioeconómica de los afiliados.
  2. El gasto, así, resulta creciente, ajustado a los aumentos de precios, carece de planificación sanitaria, y el PAMI recibe descuentos de muy difícil fiscalización: porcentuales iguales para precios muy distintos en muchísimos productos, pagando un segmento de medicamentos inútiles, controversiales o que exigen selección de caso con inusitada frecuencia.
Conceptualmente es una Resolución que para el segmento ambulatorio, subsidia todos los medicamentos autorizados por la ANMAT al precio que la industria publica en los manuales. Esto le impide al afiliadoreconocer diferencias de precios y elegir el producto según Ley de prescripción obligatoria por nombre genérico.
Al pactar el PAMI un 'precio justo' (el Instituto cubrirá el 100% menos los descuentos de la marca prescripta, sin más), lo que hace es respetar a ultranza la marca sugerida por la receta, ajustando pauta por presentación del medicamento y no por tratamiento, y le paga a la farmacia con Notas de Crédito (hay 13 instrumentos de "pago" para las farmacias) y le "rinde" al PAMI Notas de Descuento (25% del laboratorio y 12% de media del precio de las farmacias subcontratadas). Pero claro, ya dijimos que los precios los publica la Industria en los manuales, y estos reflejan el sobreprecio que supuestamente se 'descuenta'. Basta con entrar a la farmacia con el "recetario solidario" para confirmar que cualquiera obtiene el mismo descuento que el PAMI.
Para el segmento de los Especiales o CAMOyTE, un Centro que no firma sus dictámenes, administra la carga de morbilidad de mayor costo (oncológicos, oncohematológicos, renales, VIH SIDA, hemofílicos, trasplantados, hepatitis crónica, tratamientos biológicos y terapias dirigidas, entre muchos otros) el modelo garantiza toda la discrecionalidad de autorizar todos los tratamientos con protocolos prescriptos sin ajustarse a evidencia en muchos casos, sin análisis de caso, haciendo cupo por marca y cantidad entregada de los productos que se asignan -y sin intervención del PAMI en decidir qué quiere cubrir-, sin integralidad para los tratamientos de soporte clínico, sólo por citar algunos problemas.
Tengamos en cuenta que este modelo no permite al PAMI reconocer planes de cobertura, ni planificar ni presupuestar ni gestionar con autonomía el mayor contrato de provisiones, tal como está concebido. Un gasto creciente e incontrolable con estas herramientas.
Sabemos que hubo asignación discrecional de la resolución de este beneficio para afiliados que no necesitaban el 100% de cobertura por razones socioeconómicas; sabemos que se ha vuelto inmanejable, sabemos que los afiliados han stockeado alentados por las propias UGL porque "si no se retira mes a mes el beneficio se pierde", o "no sabemos hasta cuando se va a mantener esto". Esto es lo que dicen hasta acá. En pocos días, quizás digan "ahora UD. tiene que pagar la diferencia".
Esta Resolución y todo el 'modelo' merecen un análisis profundo.
Hay que medir y estimar el nivel de mala calidad terapéutica y sanitaria, la ineficiencia, y la inequidad. Para esto el PAMI debería contar con la información confidencial de los pacientes y no permitir que esté en manos de los Laboratorios. Y trabajar mucho.


Contribución de la Farmacéutica Guadalupe Soulages, Licenciada en Ciencias Farmacéuticas. Administradora de Servicios de Salud. Diplomada en Gestión de Calidad en las Organizaciones de Salud; y el Doctor Constantino Touloupas, Médico. Especialista en Farmacología Clínica, Profesor de Terapéuticas y Farmacología – Medicina – UNLaM


I
Instituto de Estudios sobre Políticas de Salud
www.ieps.com.ar


viernes, 17 de junio de 2016

PAMI SIN MEDICAMENTOS, PRECIOS SIN CONTROL, PAIS SIN POLITICA DE SALUD...




Las farmacias de todo el país suspendieron a partir del 16 de Junio, y por tiempo indeterminado, la atención a los afiliados al PAMI, por la ruptura de la cadena de pagos.
La Confederación Farmacéutica Argentina anunció que las farmacias prestadoras del convenio PAMI en todo el país suspenderán el servicio farmacéutico por tiempo indeterminado a los afiliados debido a la ruptura de la cadena de pagos, producto del atraso en los cobros de las prestaciones que se remonta, en algunos casos, al mes de febrero.
Las farmacias se ven imposibilitadas de hacer frente a los compromisos con sus proveedores y ya no tienen capacidad de aprovisionamiento de medicamentos dada la magnitud de la deuda acumulada en el convenio PAMI, que lejos de reducirse se acrecienta cada día.
Regazzoni admitió que el Pami “no puede asumir aumentos” en remedios. El titular del organismo lo manifestó tras la decisión la Confederación Farmacéutica de suspender el servicio a los afiliados de la obra social por el atraso en pagos. El martes habrá una reunión para destrabar el conflicto.
"El PAMI no puede asumir los aumentos que han venido impactando desde el año pasado hasta ahora y la verdad es que son imposibles. No se puede trasladar eso a la obra social. No se puede entender que el dinero de los jubilados pague aumentos que nosotros no podemos convalidar", manifestó Regazzoni.

El funcionario explicó además que "el convenio el PAMI lo tiene con los laboratorios, y son los laboratorios los que pagan a las farmacias". Precisó que el organismo les pagó la semana pasada "930 millones de pesos" y que el pago del mes se completará "la semana que viene".

"Estamos trabajando con los laboratorios para que todos comprendan que tenemos que poner el hombro para que no le falten los remedios a nuestros mayores", agregó, y detalló: "No podemos pagar las facturas. El año pasado el PAMI pagaba 1.600 millones de pesos por mes, este año recibimos facturas de 2.600 millones de pesos por mes".
Pero esto se produce produce en un contexto..... NADIA HACE NADA EN ESTE GOBIERNO NI el Ministerio de Salud NI la Secretaría de Comercio denunciando los sobreprecios y alertando sobre el riesgo de desabastecimiento
LA tensión por los precios expresa la confrontación del concepto de Salud como derecho o como mercancía. Son dos modelos antagónicos.
 Para los laboratorios los medicamentos son una mercancía a la que buscan extraerle la máxima ganancia en la venta al público, y con las compras del sector público pretenden ampliarla aún más puesto que el Estado es el principal cliente.
El presupuesto familiar destina gran parte de sus recursos a bienes imprescindibles. Se trata de productos que no se pueden sustituir sin afectar la calidad de vida, o hasta la propia subsistencia. El análisis de esos mercados, así como también la intervención de políticas estatales en su (des)regulación, resulta fundamental.
. Además de los alimentos, los medicamentos también integran la canasta de bienes básicos de los hogares. Este sector también requiere de políticas públicas consistentes para cuidar el presupuesto de los más vulnerables. en la elaboración de productos medicinales los intereses involucrados son tan o más millonarios que los del negocio, el mercado librado a su fuerza concentradora del capital provoca profundas alteraciones sociales consolidando una matriz distributiva inequitativa. Por ese motivo, en el caso específico de los medicamentos, su consideración como un bien social y no como uno mercantil es una aproximación inicial para involucrar una política pública de salud y que, a la vez, sirva para mejorar el reparto de la riqueza.
Por ejemplo en el año 2014 El Ministerio de Salud invirtió en medicamentos aproximadamente el 25 por ciento de su presupuesto anual: casi 4000 millones de pesos. De ese monto, 2500 millones fueron destinados para la distribución a través de programas del Ministerio (por ejemplo, provisión gratuita de medicamentos esenciales, el Remediar y otros destinados a diversas enfermedades como el HIV y oncológicas). Dentro de estas compras el 95 por ciento fueron concretadas a laboratorios privados, de los cuales 74 por ciento son nacionales y el 26 por ciento restante extranjeros. Con el programa Remediar se cubrieron 38 millones tratamientos para diferentes patologías por año con un gasto de unos 450 millones de pesos, y 1000 millones de pesos fueron asignados para la provisión de medicamentos del programa Federal Incluir Salud. Además el Estado financió a través del PAMI prestaciones farmacéuticas por 15.821 millones de pesos en el último año.
Desde el 2003, la industria farmacéutica argentina ha crecido en forma sostenida alcanzando ventas de 35 mil millones de pesos en 2014, según un informe elaborado en el Ministerio de Economía. Durante los últimos doce años los laboratorios nacionales lograron describir un salto cualitativo y cuantitativo en su nivel de competitividad generando un aumento de casi 400 por ciento de sus exportaciones y una mayor participación en el mercado local. El sector farmacéutico ha sido uno de los más beneficiados por los créditos oficiales a tasa subsidiada denominado Bicentenario. A través de esta línea, entre 2010 y 2013 la industria obtuvo préstamos por 1043 millones de pesos. Además han recibido beneficios impositivos y subsidios.
En el campo de la salud, el acceso a los medicamentos es uno de los temas más críticos y por ese motivo la intervención estatal es un constante desafío para garantizar el abastecimiento por precio y calidad.
El mercado de los medicamentos demanda un abordaje particular para entenderlo desde la mirada de la economía. El de medicamentos es difícil de comparar con otros mercados. Se trata de una actividad diferente por varios factores:
- La cantidad de actores involucrados desde la producción hasta el consumo.
- El elevado ritmo de innovación de la industria que se asemeja a la del sector informático.
- La variedad y comercialización que se parece a la industria de alimentos.
- La suma de intermediarios y de fuentes de financiación pública y privada.
- El volumen de facturación –poder y lobby– equivalente a la industria bélica.
Esta complejidad se desarrolla en un mercado de “competencia imperfecta”, que significa que no existe un equilibrio óptimo de asignación de recursos y maximización del bienestar como publicitan los portavoces de la ortodoxia, y que, en realidad, en muy pocos existe.
Una descripción tradicional de este particular mercado es que, en general, quien consume (el paciente) no elige, quien elige (el médico) no paga y quien paga (parcialmente) es un tercero (obra social, prepaga, Estado). Como consecuencia de ello existen intereses contrapuestos ya que:
- Quien paga tendrá como objetivo minimizar sus costos (por ejemplo, la asfixia financiera puede derivar en la compra de medicamentos falsos).
- Quien consume querrá lo mejor para sí sin tener a su alcance el conocimiento acerca de la calidad, seguridad, eficacia, valor monetario y propiedades específicas de los medicamentos que va a adquirir.
- Quien decide se ve influenciado por la oferta (laboratorios) que, además de tener características concentradas, tratará de inducir a un mayor consumo.
En este difícil esquema, el Estado debe asumir una tarea fundamental de regulación, con todo lo que eso significa en desafío político ante un poder económico nacional y extranjero de envergadura. Los laboratorios, por la propia naturaleza del producto y del proceso de innovación, van construyendo condiciones monopólicas en búsqueda de continuas rentas diferenciales. La asimetría de la información, la heterogeneidad de los productos y la relativa escasez de vendedores reducen el grado de competencia efectiva del mercado de medicamentos. Las inversiones iniciales en Investigación & Desarrollo –así como las destinadas a marketing y propaganda– implican que necesariamente los costos promedios de producción sólo se reducen cuando se haya producido y vendido grandes cantidades de ese medicamento.
 En el mercado de medicamentos existen monopolios pese a la importante fragmentación en su distribución del negocio. Existe un número considerable de jugadores, pero cada uno de ellos ejerce una posición dominante a través del elevado grado de concentración de la oferta a nivel de grupos terapéuticos (medicamento para determinada enfermedad).
En una ilustrativa investigación realizada por el ex ministro de Salud Ginés González García, cuando coordinaba la Fundación Isalud en la década pasada, se explica que “la fragmentación global es ficticia pues dejaron de existir los remedios universales. Los medicamentos actuales tienen gran selectividad, por lo que los monopolios u oligopolios existen por grupo terapéutico”. En ese estudio se señala que “la fuerte concentración por grupos terapéuticos constituye el verdadero mercado, y tomadas por enfermedades y su tratamiento específico existen muy pocas empresas competidoras”. Concluye que “es común que un solo laboratorio posea más de la mitad de ese mercado específico”. Según un informe del investigador Federico Tobar, incluido en una producción periodística publicada en el suplemento económico Cash de este diario (26 de julio de 2009), el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado tienen un único oferente y el 88 por ciento tiene menos de seis, lo que facilita la cartelización.
En esa estructura de mercado, los precios de los medicamentos han registrado un sostenido crecimiento. Este comportamiento tiene una raíz estructural, que se reconoce en que el gasto en medicamentos tiende a crecer en términos absolutos en la mayoría de los países. A la vez, en una estrategia de los laboratorios que introducen permanentemente nuevos productos, que en general son colocados a precios superiores a los que se encuentran en el mercado. Ese aumento en los precios también se origina en la debilidad en el control del Estado. La intervención del sector público en esa materia requiere de voluntad política. En forma inmediata y sencilla, sin necesidad de estudiar la cadena de formación de precios –tarea que igualmente debería concretarse–, Tobar propone la fijación de precios máximos de venta a partir de una comparación con los valores de otros países, como hacen en Colombia, Brasil y Europa. De esa forma quedaría en evidencia que en Argentina se paga más por los mismos medicamentos en relación con otros países de la región.
A fines de Mayo los propios legisladores de Cambiemos manifestaron
“Nada puede justificar aumentos que están largamente por encima del promedio de toda la economía, excepto el aprovechamiento de una estructura concentrada que maneja a su gusto toda la cadena productiva y comercial”. El diagnóstico para el alza en los precios de los medicamentos no provine de una intervención televisiva de un ex ministro kirchnerista ni fue realizada por un economista heterodoxo. La explicación para aumentos de entre 30 y 50 por ciento en lo que va del año fue realizada por diputados del bloque de Cambiemos. Los legisladores no solo reconocieron la aceleración inflacionaria registrada desde que asumió Mauricio Macri sino que dejaron de lado sus históricas argumentaciones sobre las causas de los aumentos de precios: la emisión descontrolada, el gasto público o el exceso de demanda. En cambio, presentaron una denuncia contra los laboratorios por prácticas abusivas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
“Los diputados del interbloque Cambiemos denuncian ante la Comisión de Defensa de la Competencia a los laboratorios por el escandaloso aumento de precios de los medicamentos durante el período noviembre-mayo”, reza el comunicado donde advierten que el aumento promedio llegó al 36,5 por ciento. De acuerdo a la información suministrada por los legisladores oficialistas, medicamentos de uso difundido como el ibuprofeno acumula subas de hasta 42 por ciento en las variedades comercializadas por el laboratorio Pfizer, mientras que el precio de la betametasona (crema antihongos) comercializada por Andromaco registró alzas del 51,6 por ciento. Por su parte, el antiespasmolítico y analgésico de uso masivo denominado Serial compuesto vendido por Roemmers trepó 50,64 por ciento.
Mientras que sindicatos, asociaciones de consumidores, pymes y gobernadores cuestionan al Poder Ejecutivo por los aumentos de tarifas y la aceleración de precios que impacta directamente sobre la rentabilidad empresaria y el poder adquisitivo de los trabajadores, la denuncia de los legisladores oficialistas busca sumar a la discusión a las prácticas abusivas de los grandes laboratorios.
“Estamos decididos a utilizar todas las herramientas institucionales y legislativas para lograr un profundo cambio en este sector, que mejore la competitividad y brinde una oferta amplia y de calidad a precios razonables a los consumidores públicos y privados”, argumentaron los legisladores al denunciar su descubrimiento de una estructura productiva y comercial oligopólica en el sector farmacéutico. Los controles en los precios de los medicamentos, las denuncias por aumentos injustificados y las multas fueron una política permanente de la Secretaría de Comercio a lo largo de los últimos años. Aunque los resultados buscados -mantener los precios a raya- no siempre se lograron, el seguimiento estatal fue permanente. Esa política fue parcialmente desactivada por Miguel Braun, nuevo responsable del área dependiente del Ministerio de Producción.
“Hemos de plantear una intensa agenda legislativa que avance hacia promover la competencia e incorporar mayor racionalidad en la fijación de precios”, lanzaron los parlamentarios de Cambiemos.
 Por su parte, Gines González García, ex ministro de Salud, advirtió que no será una tarea sencilla:
 "Los ejecutivos del negocio farmacéutico son parte del Gobierno, así que no va a ser fácil". 

González García añadió: "Todos los controles del Gobierno, durante mucho tiempo fallaron, fueron simplemente un artilugio para contener a la opinión pública cada vez que hubo un incremento". En ese marco, destacó la ley de genéricos, impulsada por él años atrás: "La política que mejor resultados dio fue la de genéricos, porque establece competencia en un mercado donde no hay competencia. No es que los medicamentos tengan precio, se los ponen. Lamentablemente esa política de genéricos no fue suficientemente utilizada por el Gobierno anterior tampoco".

Para el exministro "el acuerdo que hizo Ocaña con la industria desbarató mucho, porque el principal prescriptor de Argentina es PAMI". Y concluyó: "El Gobierno tiene la ley y tiene la conciencia ciudadana para obligar a que se cumpla" (la ley de genéricos). 

Fragmentos  principalmente de Alfredo Zaiat, Pagina 12,  tambièn Ambito Financiero, inforegion,


EL PEOR AÑO PARA LOS TRABAJADORES




El informe global de la COFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL confirma las irregularidades

El Índice Global de los Derechos de la CSI que se ha publicado hoy confirma que los derechos de los trabajadores se han debilitados en casi todas las regiones del mundo y esel peor año jamás registrado en cuanto a ataques a la libertad de expresión y la democracia.
A juicio de esta organización sindical internacional, el deterioro de los derechos de los trabajadores en la mayoría de las regiones “se ha visto agravado por serias campañas de represión contra el derecho la libertad de expresión y de reunión”, según la edición 2016 del Índice Global de los Derechos de la CSI. “Restricciones de la libertad de expresión y de reunión, incluyendo intensas campañas de represión en algunos países, se incrementaron en un 22%, registrándose restricciones en 50 de los 141 países considerados”.
El Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 141 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente para evaluar dónde están mejor protegidos los trabajadores, tanto en la ley como en la práctica.
“Estamos siendo testigos del cierre de espacios democráticos y un aumento de la inseguridad, el temor y la intimidación hacia los trabajadores y trabajadoras. El ritmo al que se están intensificando los ataques contra los derechos, incluso en algunas democracias por ejemplo las propuestas del Gobierno en Finlandia o la nueva ley de sindicatos en el Gran Bretaña, indican una alarmante tendencia para los trabajadores/as y sus familias”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
“La represión de los derechos de los trabajadores va a la par con un control gubernamental reforzado sobre la libertad de expresión y de reunión, y otras libertades civiles fundamentales, con demasiados Gobiernos que intentan consolidar su propio poder y a menudo siguen el juego a las grandes empresas, las cuales generalmente consideran que los derechos fundamentales resultan incompatibles con su búsqueda de mayores beneficios a toda costa”.
La región de Oriente Medio y Norte de África fue una vez más la peor región para los trabajadores y trabajadoras, con el sistema de la “kafala” en los países del Golfo que impone condiciones de esclavitud a millones de personas. En el otro extremo de la balanza, prosigue el deterioro de los derechos en Europa, tradicionalmente la región mejor situada en el Índice.
Destaca la CSI QUE, “pese al fracaso evidente de las políticas de austeridad, muchos Gobiernos europeos continúan socavando los derechos de los trabajadores. El incumplimiento por parte de la mayoría de los países europeos respecto a sus obligaciones hacia los refugiados, incluyendo el derecho al trabajo, está agravando aún más el problema”.
CONCLUSIONES:
Las principales conclusiones del informe son:
. 82 países excluyen a trabajadores de la legislación laboral
. Más de dos tercios de los países no conceden a los trabajadores el derecho a hacer huelga.
. Más de la mitad de los países deniegan a algunos o a todos los trabajadores/as la negociación colectiva.
. De los 141 países, el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando de 41 a 50, con Argelia, Camerún, Estados Unidos y Pakistán sumándose a la lista.
. De los 141 países, el número en que los trabajadores/as están expuestos a violencia física y amenazas se incrementó en un 44% (de 36 a 52) e incluyen a Colombia, Egipto, Guatemala, Indonesia y Ucrania.
. Se ha asesinado a sindicalistas en 10 países, incluyendo Chile, Colombia, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.
“Trabajar colectivamente para reclamar mejores salarios, derechos y condiciones de trabajo convierte a los trabajadores en el blanco tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de matones contratados por las empresas”, asevera Burrow. “Esto está ocurriendo tanto en el sector público como en el privado, incluyendo las cadenas mundiales de suministro, una fuente notoria de explotación y pobreza. Los Gobiernos deben cumplir con sus obligaciones con la legalidad internacional, respetando las normas que ellos mismos adoptaron en la Organización Internacional del Trabajo, y asegurarse de que las multinacionales con sede en sus respectivos países se responsabilicen por todos los trabajadores/as en sus operaciones internacionales, tanto en su país como en el extranjero. La alternativa sería un empobrecimiento aún mayor de las familias trabajadoras con la consiguiente paralización de la economía mundial, debido a que las personas encuentran problemas para hacer frente a los gastos básicos, siendo incapaces de invertir en el futuro de sus hijos o de efectuar compras adicionales”, precisa la secretaria general.
El Índice Global de los Derechos de la CSI 2016 clasifica a los países de uno a cinco en base a 97 indicadores, con una puntuación global que sitúa a los países en una de estas cinco categorías.
Violaciones irregulares de los derechos: 13 países incluyendo Alemania y Uruguay.
Violaciones repetidas de los derechos: 22 países incluyendo Irlanda y Japón
Violaciones regulares de los derechos: 41 países incluyendo Australia e Israel.
Violaciones sistemáticas de los derechos: 30 países incluyendo Polonia y EE.UU.
Derechos no garantizados: 25 países incluyendo Belarús, China y Nigeria
5+ Derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho: 10 países incluyendo Burundi, Palestina y Siria.

LOS DIEZ PEORES
Los diez peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras son Belarús, China, Colombia, Camboya, Guatemala, India, Irán, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Camboya, India, Irán y Turquía se sumaron a la clasificación de los diez peores países del mundo para los trabajadores, por primera vez en 2016. Con la aprobación de una nueva Ley de Sindicatos, el Gobierno camboyano ha limitado aún más la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo y sus salarios, mientras que la policía en India ha empleado una violencia desproporcionada para reprimir manifestaciones de trabajadores/as y muchos fueron detenidos por el simple ejercicio de derechos garantizados en la legislación nacional.
“En Irán se han dictado duras sentencias de prisión contra trabajadores por llevar a cabo actividades pacíficas, y Turquía se está ensañando contra los trabajadores/as del sector público que intentan participar en acciones sindicales pacíficas, con al menos 1.390 funcionarios públicos sometidos a investigaciones. El Gobierno turco se ha convertido también en sinónimo de ataques contra la libertad de expresión, con la expulsión de diez periodistas extranjeros desde al pasado mes de octubre y los periodistas turcos enfrentándose a una severa represión incluyendo juicios y encarcelamiento en base a falsos pretextos”.
“Las cuatro nuevas adiciones a la galería de villanos que representan los diez peores países del mundo constituyen claros ejemplos del asalto combinado contra los derechos de los trabajadores y otras libertades fundamentales”, indicó Burrow.
En otros países aparte de los diez peores, las condiciones “se han deteriorado” en este último año, como por ejemplo en Indonesia, Montenegro y Paraguay. Las protestas en Indonesia contra los cambios en el sistema de fijación del salario mínimo fueron brutalmente reprimidas por la policía, utilizando cañones de agua, gases lacrimógenos y procediendo a arrestos masivos. El Gobierno de Paraguay se ha negado sistemáticamente a proceder al registro de sindicatos, exponiendo a los trabajadores a discriminación por parte de los empleadores, mientras que ley de quiebras en Montenegro supone la suspensión de la legislación laboral en las empresas en proceso de liquidación, afectando a los trabajadores/as de unas 2.363 empresas en los últimos cinco años.


















POR QUE OCURRE ESTO ????


La bancarrota capitalista mundial
Contra los que pronosticaban que el capitalismo ya había superado la bancarrota desatada por la caída de los bancos norteamericanos en el 2007, esta se presenta con  sus premisas agravadas. A pesar de los billonarios rescates monetarios volcados por los Bancos Centrales, que ha llevado a estos al límite de su capacidad de endeudamiento colocando también a los Estados en una situación de virtual bancarrota, la crisis persiste y amenaza con nuevas catástrofes y hundimientos. 
En Europa se multiplican las amenazas de quiebras bancarias (Deutsche Bank, etc.), hay estados que se están hundiendo bajo el peso de las deudas públicas contraídas  y la crisis social con sus picos catastróficos de miseria y desocupación se ha enseñoreado en varios países. El desarrollo de la bancarrota capitalista amenaza con hacer estallar la Unión Europea y es un acicate a las guerras imperialistas  en Europa y en el Medio Oriente. La bancarrota capitalista actúa como un disparador de crisis políticas que hacen naufragar a los partidos tradicionales de la burguesía y provocan respuestas de lucha de las masas. No solo hay que mirar el panorama de Grecia, sino también el de España y ahora Francia donde la clase obrera y la juventud se movilizan contra las medidas de ‘ajuste’ que intenta llevar adelante el gobierno socialdemócrata de Hollande. La  crisis de los refugiados es  una consecuencia directa de la guerra del Medio Oriente, fogoneada por el imperialismo  y se ha trasformado en una enorme catástrofe humanitaria, cuyas consecuencias  han  terminado de estallarle en la cara  a las principales potencias de Europa.
Japón no ha logrado salir de la misma en casi tres décadas y tiene un endeudamiento estatal del orden del 300% de su PBI. 
El proceso de restauración capitalista sobre la URSS, China y demás ex estados obreros  que fue concebido como  una de los principales factores contrarrestantes de la crisis mundial capitalista   ha terminado   convirtiéndose   en uno de los principales motores de su agravamiento. En China, en primer lugar,  la crisis de superproducción (acero, etc.) le plantea destruir una parte fabulosa de sus industrias. Se habla del cierre y despido de 6 millones de obreros de la siderurgia. Los mercados donde la producción de las fábricas chinas era volcada están abarrotados. Este párate chino ha provocado el desplome de las naciones emergentes que colocaban parte importante de su producción de materias primas (petróleo, minerales, forrajes, alimentos, etc.) en la maquinaria productiva de la China de capitalismo en restauración.
Pero, el epicentro de la bancarrota, que se manifestó en el 2007 en los EEUU, continúa allí. Los billones de dólares volcados por la Reserva Federal han acentuado la sobreproducción. Un ejemplo de ello está en el mercado del petróleo. Crédito fácil y barato ha sido invertido en el desarrollo de la industria yanqui del fracking, lo que ha colaborado en incrementar notablemente la producción mundial de hidrocarburos y desplomado sus precios, quebrando a numerosas compañías que habían crecido en este proceso. El hundiendo de los precios del petróleo arrastro a la bancarrota a numerosas empresas y países (Rusia, Venezuela, Brasil, etc.). Un amague de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés tuvo que ser rápidamente retirado ante  la amenaza de llevar la economía mundial  a una depresión  Sigue en aumento la cesación de pagos en las hipotecas y la situación de los bancos tampoco ha sido saneada, sino contenida con “contabilidad creativa” (que considera en los balances créditos incobrables a su valor original).
América Latina  sacudida por la crisis mundial 
La bancarrota capitalista mundial está golpeando con toda fuerza a América Latina, provocando el desplome de sus economías y regímenes políticos. La crisis en China y en las naciones imperialistas ha disminuido significativamente la compra de materias primas desplomando el precio de las mismas. El petróleo, el cobre, el hierro, la soja, todas las materias primas en general, han retrocedido. Este vendaval arrastra a los  regímenes  nacionalistas  y progresistas latinoamericanos pero  también a los gobiernos de filiación  neoliberal.
La bancarrota capitalista ha  terminado  por  acelerar  el derrumbe  del nacionalismo  burgués y el progresismo, que  dominaron la escena en los últimos 15 años  y que  surgieron como respuesta política a la crisis mundial y al agotamiento histórico de los partidos tradicionales   y sirvieron de contención al proceso de rebelión  popular  abierto por el estallido  de los regímenes llamados neoliberales En el caso de Bolivia, Evo Morales con el concurso de Lula y Néstor Kirchner fue el bombero. El MAS colocado como expresión de los procesos insurreccionales del 2003 contra Sánchez de Lozada y sus continuadores, pacto con el viejo régimen una salida electoral que dejo intacto el aparato estatal. El chavismo, por su parte, llego al poder luego del ‘caracazo’, como una expresión de la movilización popular frente al agotamiento definitivo de los partidos tradicionales de la burguesía (AD y Copei). En cambio, en la Argentina, los Kirchner llegaron al poder de la mano de Duhalde, colocado como un recurso de emergencia, para enfrentar la disolución del régimen capitalista y las jornadas revolucionarias del Argentinazo a fines del 2001
Perú - exhibido  por el establishment  como  uno de los “modelos  a imitar”-  tampoco  ha  sido  ajeno a este vendaval El hecho de  que  el nacionalista  Humalla tempranamente haya pegado un giro neoliberal no   ha eximido al país de una  crisis  económica severa    que ha dido de la mano de un creciente  desprestigio del gobierno  y un  enfrentamiento  con los trabajadores..    
Un balance necesario
En el período de ‘bonanza’, la burguesía latinoamericana no usó los ingresos para avanzar en un proceso de industrialización ni en una mejora  de su infraestructura productiva, para sentar las bases de un desarrollo nacional independiente. Estos ingresos extraordinarios fueron usados para ‘honrar’ la deuda, subvencionar-rescatar a sectores capitalistas  en crisis, indemnizar generosamente a los capitalistas cuyas empresas fueron   estatalizadas  y como botín de las oligarquías capitalistas que se formaron en torno a los gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas.
Los elevados ingresos por la exportación de commodities actuaron como garantía de un nuevo ciclo de endeudamiento en la región. Fue un fenómeno generalizado el fuerte crecimiento de las reservas de los Bancos Centrales de los países latinoamericanos. Esto produjo la ilusión de que la deuda externa de estas naciones latinoamericanas se había finalmente ‘domado’, que estaba bajo control, cubierta por las excedentes reservas de divisas. Estamos, ahora, frente al proceso inverso: fuga de capitales hacia las metrópolis, dejando nuevamente en pie las usurarias deudas externas de las naciones atrasadas con el capital financiero
Mientras se invocaban ‘modelos productivos’, las experiencias nacionalistas continentales agravaron la primarización económica y la desindustrialización. Es que para desarrollar un verdadero proceso de desarrollo e industrialización nacional, debiera avanzarse en tomar medidas anticapitalistas: confiscación sin pago de las empresas nacionalizadas, terminar con el latifundio, banca única estatal, monopolio del comercio exterior; y apoyarse  para ello en la movilización de las masas trabajadoras. Pero este es un límite de clase que el nacionalismo burgués no puede superar. El horizonte de “redistribución del ingreso” de los regímenes nacionalistas burgueses se limitó a una extensión más o menos desarrollada de la asistencia estatal, en el marco de una precarización laboral generalizada. En el caso más avanzado, el chavismo, la renta petrolera se utilizó para un gran desarrollo asistencialista, especialmente de los sectores más pobres y postergados del pueblo, pero no se intentó siquiera transformar la estructura social de atraso y dependencia petrolera. La precariedad de este armado es puesta ahora de manifiesto por la crisis mundial y el derrumbe de los precios del petróleo.
El nacionalismo burgués ha fracasado en su declamado objetivo de unidad latinoamericana. El ALBA impulsado por el chavismo se ha hundido. El MERCOSUR nunca paso de ser un conjunto de arreglos aduaneros y comerciales en beneficio de monopolios imperialistas instalados a ambos lados de las fronteras de los países integrantes, En su momento de auge el boliviarismo chavista no pudo avanzar en sus proyectos de integración energética. La UNASUR no fue más que un intento de las contratistas brasileñas de avanzar con sus constructoras y sus empresas de armamentos. Ahora, bajo el impacto de la crisis mundial  se agravan todas las disputas comerciales y enfrentamientos dentro del propio Mercosur. Las burguesías regionales buscan arreglar por separado con la Unión Europea y con el imperialismo yanqui. La carrera devaluatoria al interior de la región es una competencia por la mayor explotación y precarización de los obreros de sus respectivos países. El imperialismo yanqui ha arrastrado a la conformación del Acuerdo Transpacífico (TTP) a Chile, Perú y Méjico obligando a abrir sus fronteras comerciales a la penetración directa del capital norteamericano en ramas fundamentales  y como aliadas en la guerra comercial que intenta llevar contra China. Un acuerdo de Argentina o Brasil con el TTP ( Macri  y Dilma vienen de manifestar su interés  por avanzar  en una “aproximación comercial” con los países latino americanos   adheridos al tratado) implicaría no sólo un acta de defunción del Mercosur; sería el puntapie incial de una nueva etapa de colonización  del imperiarlismo  en la región  y de un avance  de las condciones de precarización laboral. 
Estas son las limitaciones insalvables de la integración capitalista de América Latina y  el  saqueo  de los monopolios internacionales que se asocian al reclamo de integración, y planteamos  la nacionalización de la banca y el comercio exterior, ,gobiernos de trabajadores y  la unidad  de los pueblos.
Debemos tomar resueltamente la iniciativa. El abstencionismo en las grandes crisis nacionales en curso, aunque se lo disfrace con  un  hiperactivismo  en el ámbito  sindical o reivindicativo, es  un indicador de  adaptación al orden  social vigente  y funcional al estado capitalista  y sus partidos.Esta tarea es inseparable de la lucha para enfrentar y derrotar  los planes de ajuste. Estos planes ya están en marcha y se van a  agravar como consecuencia del desarrollo de la bancarrota  capitalista. En este punto,  convergen nacionalistas y derechistas, que pretenden descargar el peso de la crisis capitalista sobre las masas y someter a los trabajadores latinoamericanos  –devaluación, austeridad, recesión  mediante – a una competencia  ruinosa entre ellos. 
El objetivo estratégico es la  de la independencia de clase, que es lo único que puede abrir el paso a un polo y canal político alternativo  a los partidos y coaliciones patronales.
Se trata de elaborar un programa y una salida frente a la crisis,   y convocar a las organizaciones combativas  de los trabajadores a una acción internacional en común que  se  apoya  en un principio básico  pero fundamental que consiste en colocar, por encima de todo, el interés general de los trabajadores.

http://www.uso.es/indice-global-de-los-derechos-de-la-csi-el-peor-ano-para-la-libertad-de-expresion-y-la-democracia/
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1934
http://www.lavanguardia.com/vida/20160609/402393445005/economia-laboral-los-trabajadores-no-tienen-derecho-a-huelga-en-mas-de-dos-tercios-de-los-paises-del-mundo
Diario Norte/internacionales
prensaObrera/online/internacionales/llamamiento-a-la-conferencia-latinoamericana