PAMI SIN MEDICAMENTOS, PRECIOS SIN CONTROL, PAIS SIN POLITICA DE SALUD...

Las farmacias de todo el país suspendieron a partir del 16 de Junio, y por tiempo indeterminado, la atención a los afiliados al PAMI, por la ruptura de la cadena de pagos.

La Confederación Farmacéutica Argentina anunció que las farmacias prestadoras del convenio PAMI en todo el país suspenderán el servicio farmacéutico por tiempo indeterminado a los afiliados debido a la ruptura de la cadena de pagos, producto del atraso en los cobros de las prestaciones que se remonta, en algunos casos, al mes de febrero.

Las farmacias se ven imposibilitadas de hacer frente a los compromisos con sus proveedores y ya no tienen capacidad de aprovisionamiento de medicamentos dada la magnitud de la deuda acumulada en el convenio PAMI, que lejos de reducirse se acrecienta cada día.

Regazzoni admitió que el Pami “no puede asumir aumentos” en remedios. El titular del organismo lo manifestó tras la decisión la Confederación Farmacéutica de suspender el servicio a los afiliados de la obra social por el atraso en pagos. El martes habrá una reunión para destrabar el conflicto.

"El PAMI no puede asumir los aumentos que han venido impactando desde el año pasado hasta ahora y la verdad es que son imposibles. No se puede trasladar eso a la obra social. No se puede entender que el dinero de los jubilados pague aumentos que nosotros no podemos convalidar", manifestó Regazzoni.

El funcionario explicó además que "el convenio el PAMI lo tiene con los laboratorios, y son los laboratorios los que pagan a las farmacias". Precisó que el organismo les pagó la semana pasada "930 millones de pesos" y que el pago del mes se completará "la semana que viene".

"Estamos trabajando con los laboratorios para que todos comprendan que tenemos que poner el hombro para que no le falten los remedios a nuestros mayores", agregó, y detalló: "No podemos pagar las facturas. El año pasado el PAMI pagaba 1.600 millones de pesos por mes, este año recibimos facturas de 2.600 millones de pesos por mes".

Pero esto se produce produce en un contexto..... NADIA HACE NADA EN ESTE GOBIERNO NI el Ministerio de Salud NI la Secretaría de Comercio denunciando los sobreprecios y alertando sobre el riesgo de desabastecimiento

LA tensión por los precios expresa la confrontación del concepto de Salud como derecho o como mercancía. Son dos modelos antagónicos.

 Para los laboratorios los medicamentos son una mercancía a la que buscan extraerle la máxima ganancia en la venta al público, y con las compras del sector público pretenden ampliarla aún más puesto que el Estado es el principal cliente.

El presupuesto familiar destina gran parte de sus recursos a bienes imprescindibles. Se trata de productos que no se pueden sustituir sin afectar la calidad de vida, o hasta la propia subsistencia. El análisis de esos mercados, así como también la intervención de políticas estatales en su (des)regulación, resulta fundamental.

. Además de los alimentos, los medicamentos también integran la canasta de bienes básicos de los hogares. Este sector también requiere de políticas públicas consistentes para cuidar el presupuesto de los más vulnerables. en la elaboración de productos medicinales los intereses involucrados son tan o más millonarios que los del negocio, el mercado librado a su fuerza concentradora del capital provoca profundas alteraciones sociales consolidando una matriz distributiva inequitativa. Por ese motivo, en el caso específico de los medicamentos, su consideración como un bien social y no como uno mercantil es una aproximación inicial para involucrar una política pública de salud y que, a la vez, sirva para mejorar el reparto de la riqueza.

Por ejemplo en el año 2014 El Ministerio de Salud invirtió en medicamentos aproximadamente el 25 por ciento de su presupuesto anual: casi 4000 millones de pesos. De ese monto, 2500 millones fueron destinados para la distribución a través de programas del Ministerio (por ejemplo, provisión gratuita de medicamentos esenciales, el Remediar y otros destinados a diversas enfermedades como el HIV y oncológicas). Dentro de estas compras el 95 por ciento fueron concretadas a laboratorios privados, de los cuales 74 por ciento son nacionales y el 26 por ciento restante extranjeros. Con el programa Remediar se cubrieron 38 millones tratamientos para diferentes patologías por año con un gasto de unos 450 millones de pesos, y 1000 millones de pesos fueron asignados para la provisión de medicamentos del programa Federal Incluir Salud. Además el Estado financió a través del PAMI prestaciones farmacéuticas por 15.821 millones de pesos en el último año.

Desde el 2003, la industria farmacéutica argentina ha crecido en forma sostenida alcanzando ventas de 35 mil millones de pesos en 2014, según un informe elaborado en el Ministerio de Economía. Durante los últimos doce años los laboratorios nacionales lograron describir un salto cualitativo y cuantitativo en su nivel de competitividad generando un aumento de casi 400 por ciento de sus exportaciones y una mayor participación en el mercado local. El sector farmacéutico ha sido uno de los más beneficiados por los créditos oficiales a tasa subsidiada denominado Bicentenario. A través de esta línea, entre 2010 y 2013 la industria obtuvo préstamos por 1043 millones de pesos. Además han recibido beneficios impositivos y subsidios.

En el campo de la salud, el acceso a los medicamentos es uno de los temas más críticos y por ese motivo la intervención estatal es un constante desafío para garantizar el abastecimiento por precio y calidad.

El mercado de los medicamentos demanda un abordaje particular para entenderlo desde la mirada de la economía. El de medicamentos es difícil de comparar con otros mercados. Se trata de una actividad diferente por varios factores:

- La cantidad de actores involucrados desde la producción hasta el consumo.

- El elevado ritmo de innovación de la industria que se asemeja a la del sector informático.

- La variedad y comercialización que se parece a la industria de alimentos.

- La suma de intermediarios y de fuentes de financiación pública y privada.

- El volumen de facturación –poder y lobby– equivalente a la industria bélica.

Esta complejidad se desarrolla en un mercado de “competencia imperfecta”, que significa que no existe un equilibrio óptimo de asignación de recursos y maximización del bienestar como publicitan los portavoces de la ortodoxia, y que, en realidad, en muy pocos existe.

Una descripción tradicional de este particular mercado es que, en general, quien consume (el paciente) no elige, quien elige (el médico) no paga y quien paga (parcialmente) es un tercero (obra social, prepaga, Estado). Como consecuencia de ello existen intereses contrapuestos ya que:

- Quien paga tendrá como objetivo minimizar sus costos (por ejemplo, la asfixia financiera puede derivar en la compra de medicamentos falsos).

- Quien consume querrá lo mejor para sí sin tener a su alcance el conocimiento acerca de la calidad, seguridad, eficacia, valor monetario y propiedades específicas de los medicamentos que va a adquirir.

- Quien decide se ve influenciado por la oferta (laboratorios) que, además de tener características concentradas, tratará de inducir a un mayor consumo.

En este difícil esquema, el Estado debe asumir una tarea fundamental de regulación, con todo lo que eso significa en desafío político ante un poder económico nacional y extranjero de envergadura. Los laboratorios, por la propia naturaleza del producto y del proceso de innovación, van construyendo condiciones monopólicas en búsqueda de continuas rentas diferenciales. La asimetría de la información, la heterogeneidad de los productos y la relativa escasez de vendedores reducen el grado de competencia efectiva del mercado de medicamentos. Las inversiones iniciales en Investigación & Desarrollo –así como las destinadas a marketing y propaganda– implican que necesariamente los costos promedios de producción sólo se reducen cuando se haya producido y vendido grandes cantidades de ese medicamento.

 En el mercado de medicamentos existen monopolios pese a la importante fragmentación en su distribución del negocio. Existe un número considerable de jugadores, pero cada uno de ellos ejerce una posición dominante a través del elevado grado de concentración de la oferta a nivel de grupos terapéuticos (medicamento para determinada enfermedad).

En una ilustrativa investigación realizada por el ex ministro de Salud Ginés González García, cuando coordinaba la Fundación Isalud en la década pasada, se explica que “la fragmentación global es ficticia pues dejaron de existir los remedios universales. Los medicamentos actuales tienen gran selectividad, por lo que los monopolios u oligopolios existen por grupo terapéutico”. En ese estudio se señala que “la fuerte concentración por grupos terapéuticos constituye el verdadero mercado, y tomadas por enfermedades y su tratamiento específico existen muy pocas empresas competidoras”. Concluye que “es común que un solo laboratorio posea más de la mitad de ese mercado específico”. Según un informe del investigador Federico Tobar, incluido en una producción periodística publicada en el suplemento económico Cash de este diario (26 de julio de 2009), el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado tienen un único oferente y el 88 por ciento tiene menos de seis, lo que facilita la cartelización.

En esa estructura de mercado, los precios de los medicamentos han registrado un sostenido crecimiento. Este comportamiento tiene una raíz estructural, que se reconoce en que el gasto en medicamentos tiende a crecer en términos absolutos en la mayoría de los países. A la vez, en una estrategia de los laboratorios que introducen permanentemente nuevos productos, que en general son colocados a precios superiores a los que se encuentran en el mercado. Ese aumento en los precios también se origina en la debilidad en el control del Estado. La intervención del sector público en esa materia requiere de voluntad política. En forma inmediata y sencilla, sin necesidad de estudiar la cadena de formación de precios –tarea que igualmente debería concretarse–, Tobar propone la fijación de precios máximos de venta a partir de una comparación con los valores de otros países, como hacen en Colombia, Brasil y Europa. De esa forma quedaría en evidencia que en Argentina se paga más por los mismos medicamentos en relación con otros países de la región.

A fines de Mayo los propios legisladores de Cambiemos manifestaron

“Nada puede justificar aumentos que están largamente por encima del promedio de toda la economía, excepto el aprovechamiento de una estructura concentrada que maneja a su gusto toda la cadena productiva y comercial”. El diagnóstico para el alza en los precios de los medicamentos no provine de una intervención televisiva de un ex ministro kirchnerista ni fue realizada por un economista heterodoxo. La explicación para aumentos de entre 30 y 50 por ciento en lo que va del año fue realizada por diputados del bloque de Cambiemos. Los legisladores no solo reconocieron la aceleración inflacionaria registrada desde que asumió Mauricio Macri sino que dejaron de lado sus históricas argumentaciones sobre las causas de los aumentos de precios: la emisión descontrolada, el gasto público o el exceso de demanda. En cambio, presentaron una denuncia contra los laboratorios por prácticas abusivas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

“Los diputados del interbloque Cambiemos denuncian ante la Comisión de Defensa de la Competencia a los laboratorios por el escandaloso aumento de precios de los medicamentos durante el período noviembre-mayo”, reza el comunicado donde advierten que el aumento promedio llegó al 36,5 por ciento. De acuerdo a la información suministrada por los legisladores oficialistas, medicamentos de uso difundido como el ibuprofeno acumula subas de hasta 42 por ciento en las variedades comercializadas por el laboratorio Pfizer, mientras que el precio de la betametasona (crema antihongos) comercializada por Andromaco registró alzas del 51,6 por ciento. Por su parte, el antiespasmolítico y analgésico de uso masivo denominado Serial compuesto vendido por Roemmers trepó 50,64 por ciento.

Mientras que sindicatos, asociaciones de consumidores, pymes y gobernadores cuestionan al Poder Ejecutivo por los aumentos de tarifas y la aceleración de precios que impacta directamente sobre la rentabilidad empresaria y el poder adquisitivo de los trabajadores, la denuncia de los legisladores oficialistas busca sumar a la discusión a las prácticas abusivas de los grandes laboratorios.

“Estamos decididos a utilizar todas las herramientas institucionales y legislativas para lograr un profundo cambio en este sector, que mejore la competitividad y brinde una oferta amplia y de calidad a precios razonables a los consumidores públicos y privados”, argumentaron los legisladores al denunciar su descubrimiento de una estructura productiva y comercial oligopólica en el sector farmacéutico. Los controles en los precios de los medicamentos, las denuncias por aumentos injustificados y las multas fueron una política permanente de la Secretaría de Comercio a lo largo de los últimos años. Aunque los resultados buscados -mantener los precios a raya- no siempre se lograron, el seguimiento estatal fue permanente. Esa política fue parcialmente desactivada por Miguel Braun, nuevo responsable del área dependiente del Ministerio de Producción.

“Hemos de plantear una intensa agenda legislativa que avance hacia promover la competencia e incorporar mayor racionalidad en la fijación de precios”, lanzaron los parlamentarios de Cambiemos.

 Por su parte, Gines González García, ex ministro de Salud, advirtió que no será una tarea sencilla:

 "Los ejecutivos del negocio farmacéutico son parte del Gobierno, así que no va a ser fácil". 

González García añadió: "Todos los controles del Gobierno, durante mucho tiempo fallaron, fueron simplemente un artilugio para contener a la opinión pública cada vez que hubo un incremento". En ese marco, destacó la ley de genéricos, impulsada por él años atrás: "La política que mejor resultados dio fue la de genéricos, porque establece competencia en un mercado donde no hay competencia. No es que los medicamentos tengan precio, se los ponen. Lamentablemente esa política de genéricos no fue suficientemente utilizada por el Gobierno anterior tampoco".

Para el exministro "el acuerdo que hizo Ocaña con la industria desbarató mucho, porque el principal prescriptor de Argentina es PAMI". Y concluyó: "El Gobierno tiene la ley y tiene la conciencia ciudadana para obligar a que se cumpla" (la ley de genéricos). 

Fragmentos  principalmente de Alfredo Zaiat, Pagina 12,  tambièn Ambito Financiero, inforegion,